Llevamos años escuchando hablar de “los problemas reales de la gente”. El precio de la vivienda. La cesta de la compra. La luz. Los salarios que no alcanzan. La precariedad juvenil. El envejecimiento. La España vaciada.
Se habla mucho. Se gesticula más. Se debate mucho, pero se debate poco sobre lo esencial. Y quizás este sea el problema: debatimos constantemente. Sobre vivienda, salarios, energía, precios, impuestos, servicios públicos. El diagnóstico está sobre la mesa todos los días con la misma dinámica: el debate se abre; se expone; se amplifica; se convierte en arma arrojadiza y después… se deja ahí.
Porque, en lo sustancial, las propuestas que se plantean desde casi todos los espacios políticos son extraordinariamente parecidas. Cambian las formas, cambia el tono, cambia la intensidad del discurso. Pero la estructura permanece intacta.
Existe la sensación de que en la política española discutimos sobre la superficie mientras el subsuelo permanece intacto. Cambian los tonos, cambian los eslóganes, cambian las mayorías parlamentarias. Pero el marco estructural no se toca.
Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista Obrero Español, ni Vox, ni Sumar, ni Podemos han puesto sobre la mesa —con coherencia, continuidad y horizonte de país— una discusión seria sobre el modelo productivo español a 20 años vista.
Discutimos sobre impuestos, pero no sobre productividad. Discutimos sobre subvenciones, pero no sobre estructura industrial. Discutimos sobre identidades, pero no sobre capacidad estratégica.
Las diferencias existen, por supuesto. Pero se mueven sobre todo en tres planos: redistribución, regulación y cultura. En lo profundo, el consenso es mucho mayor de lo que aparenta el ruido parlamentario.
Y ese consenso tiene un marco claro: el de la Unión Europea tal como está configurada hoy. Disciplina fiscal con márgenes acotados. Integración plena en cadenas globales. Competencia interna. Transición energética diseñada en clave regulatoria más que productiva. Y una confianza casi religiosa en que el crecimiento vendrá por inercia.
El problema es que la inercia ya no da para mucho.
Salarios reales estancados. Dificultad crónica de acceso a la vivienda. Dependencia energética y tecnológica. Envejecimiento acelerado. Productividad mediocre en comparación con los grandes polos industriales del mundo.
Y, sin embargo, seguimos actuando como si el problema fuera solo de reparto, de gestión o de comunicación.
No pretendo idealizar modelos ajenos. Pero sí me parece sintomático que, en otros lugares, con sistemas políticos muy distintos, exista al menos una estrategia explícita.
En Japón, el gobierno conservador ha apostado por subsidios energéticos, apoyo directo a las familias, refuerzo de sectores estratégicos, estímulo al consumo interno y revitalización de regiones rurales mediante inversión productiva. No porque sean “de izquierdas”, sino porque entienden que sin salarios reales al alza y sin músculo industrial no hay estabilidad social.
En China, desde un modelo político completamente distinto al japonés, la prioridad estratégica ha sido durante décadas aumentar capacidad productiva, dominar sectores tecnológicos clave y elevar el nivel de vida de cientos de millones de personas.
No son modelos exportables sin más. No son sistemas perfectos. Pero tienen algo que echo en falta en nuestro debate: una dirección clara. Siendo opuestos se dirigen a lugares muy similares y con una visión estratégica adaptada a la realidad y no a los deseos o aspiraciones.
Aquí, en cambio, la política se ha vuelto profundamente cortoplacista. Las élites económicas son prudentes hasta la parálisis. El sistema institucional europeo favorece la estabilidad antes que la transformación. Y la propia sociedad, tras décadas de relativo confort, desconfía de cualquier cambio que implique riesgos a medio plazo.
El resultado es un conservadurismo sistémico que atraviesa ideologías. No conservadurismo moral —eso va por barrios—, sino conservadurismo estructural: mejor administrar el estancamiento que arriesgar una reconfiguración profunda del modelo productivo.
Pero el estancamiento no es neutro. Tiene consecuencias.
Cuando la economía no ofrece horizontes claros de prosperidad compartida, el conflicto se desplaza. Se desplaza hacia la cultura, hacia la identidad, hacia la polarización emocional. Es más fácil discutir sobre símbolos que sobre productividad. Es más rentable electoralmente confrontar relatos que diseñar políticas industriales a 15 años. Y así seguimos.
La pregunta que me hago —y que creo que deberíamos empezar a hacernos colectivamente— no es si un partido concreto tiene la solución mágica. No la tiene. Tampoco la tengo yo. Caben muchas propuestas distintas y legítimas.
La pregunta es otra.
¿Es posible una salida de futuro ambiciosa dentro del actual marco
europeo?
¿O la arquitectura de la Unión limita de tal manera la soberanía económica que
cualquier estrategia profunda queda reducida a ajustes marginales? Y más aún: ¿Tiene
Europa capacidad política, institucional y cultural para redefinir su propio
horizonte?
Porque, seamos honestos, el continente que lideró la industrialización mundial hoy compite por no quedarse atrás en tecnología, energía o defensa. Se habla de “autonomía estratégica”, pero se actúa con una lentitud exasperante. Se reconoce la pérdida de peso relativo, pero se responde con medidas fragmentarias.
Mientras tanto, los ciudadanos perciben que sus condiciones materiales no mejoran al ritmo prometido. Y cuando eso ocurre, la confianza se erosiona.
No creo que el objetivo deba ser copiar a nadie. Pero sí creo que el bienestar de la mayoría de la población debería volver a ser el eje central de cualquier estrategia económica. No como eslogan, sino como criterio operativo: salarios reales al alza, acceso a vivienda, empleo productivo, servicios públicos sostenibles y una base industrial y tecnológica capaz de sostenerlo.
Eso exige debate. Debate incómodo. Debate que atraviese partidos. Debate que cuestione consensos tácitos.
Quizá el problema no sea que falten ideas. Quizá el problema sea que falta voluntad colectiva para asumir los costes iniciales de una transformación profunda.
Pero si no abrimos esa conversación, seguiremos atrapados en la política de la superficie: mucha indignación, mucha escenificación y poca estrategia. Y lo verdaderamente conservador —en el peor sentido de la palabra— no es defender tradiciones. Es negarse a pensar el futuro y ha llegado ya el momento de hacerlo.
El debate no puede ser ideológico en abstracto. No es cuestión de ser de derechas o ser de izquierdas, porque si las dos cosas significan lo mismo, nada va a cambiar. El debate debería ser material: mejorar de forma sostenida el bienestar de la mayoría. Salarios reales al alza. Acceso razonable a vivienda. Empleo productivo. Servicios públicos sostenibles. Capacidad industrial y tecnológica propia.
Eso exige algo más que diagnósticos compartidos y reproches cruzados. Exige asumir que quizá el problema no es solo quién gobierna, sino qué modelo aceptamos como inmutable.
Seguimos debatiendo. Seguimos señalando. Seguimos prometiendo.
Pero mientras las propuestas sustanciales sean las mismas, el resultado también lo será.
Y eso sí que debería preocuparnos.