El PP pide explicaciones por el próximo desalojo de 18 familias
"Se trata de viviendas adjudicadas legalmente a familias en situación de exclusión social, sin alternativa habitacional"
Foto: PP
Las concejalas María Segovia y Carmen Colmenero
El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha pedido al alcalde, Julio Millán, que dé explicaciones tras conocer el requerimiento remitido por la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) al Patronato Municipal de Asuntos Sociales para que proceda a la devolución de 18 viviendas del casco antiguo actualmente habitadas por familias vulnerables.
La concejala del Grupo Popular María Segovia ha advertido de la gravedad del documento fechado el pasado 9 de enero, en el que Somuvisa exige que los inmuebles sean entregados "libres de ocupantes y enseres" y que se inicie un "proceso de desocupación", pese a que "se trata de viviendas adjudicadas legalmente a familias en situación de exclusión social, sin alternativa habitacional".
Segovia ha subrayado que estas viviendas fueron cedidas en su día por Somuvisa al Patronato de Asuntos Sociales precisamente para atender situaciones de urgencia social, recordando que no se trata de ocupaciones ilegales, sino de adjudicaciones efectuadas por los trabajadores del Patronato.
"No estamos hablando de muebles o de enseres, estamos hablando de niños, de personas mayores y de familias que accedieron a estas viviendas de forma legal y con el aval del propio Ayuntamiento", ha manifestado.
La edil ha afirmado que, de ejecutarse el requerimiento, "decenas de personas podrían quedarse en la calle en barrios desfavorecidos de la ciudad". Asimismo, ha pedido al alcalde que aclare si esta es la política de vivienda social del PSOE y si está dispuesto a "asumir las consecuencias sociales de una decisión de este calado".
Según el requerimiento, el plazo máximo para proceder a la devolución es de cuatro meses desde la notificación, advirtiéndose además de que, en caso de incumplimiento, el Patronato de Asuntos Sociales debería abonar a Somuvisa una indemnización mensual de 350 euros por vivienda, lo que supondría 6.300 euros al mes y 75.600 euros al año.
Para Segovia, esta medida "no solo pone en riesgo a las familias, sino que además detrae recursos públicos de los servicios sociales municipales".
Las viviendas afectadas se distribuyen en distintas calles del casco histórico: siete en Soria de San Juan, cuatro en Magdalena Baja, tres en Carnero, dos en Capitán Aranda Alta, una en San Rufino y una en Las Cumbres.
Por su parte, la concejala Carmen Colmenero ha argumentado que Somuvisa tiene como objetivo contemplado en sus estatutos la promoción de vivienda social. "Ahora comprobamos que no solo no la cumple, sino que Julio Millán pretende utilizarla para iniciar desahucios contra 18 familias que cumplen todos los parámetros de vulnerabilidad", ha dicho Colmenero.
Para la edil, el único objetivo de esta decisión es "dotar de actividad y recursos a una sociedad que lleva muchos años en quiebra financiera, aunque sea a costa de familias vulnerables". En este contexto, ha criticado que ésta sea "la política de vivienda de la que tanto presume el alcalde".