El subdelegado asegura agilidad en las ayudas por el temporal

La Subdelegación del Gobierno de España en Jaén ha garantizado que tramitará "con la máxima rapidez y eficacia" las ayudas destinadas a afectados por la sucesión de temporales de las últimas semana tras la movilización de más de 7.000 millones de euros por parte de nueve ministerios.

Así lo ha indicado el subdelegado, Manuel Fernández, en una comparecencia para informar sobre la aprobación por el Consejo de Ministros de un Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los efectos provocados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura.

"El Gobierno de España da la cara ante esta situación, movilizando de manera inmediata recursos económicos y medidas de apoyo para los municipios, familias, empresas y el sector agrario afectados", ha manifestado.

Por ello, la Subdelegación del Gobierno habilitará una oficina donde se informará y tramitará "con la máxima rapidez y eficacia" las ayudas. El objetivo prioritario "es atender a los municipios afectados, compensar a las personas damnificadas y mitigar el impacto sufrido por viviendas, comercios, explotaciones agrarias e infraestructuras".

El Gobierno determinará en el plazo de un mes, una vez completada la tramitación correspondiente, las zonas o municipios que podrán acogerse al conjunto de medidas, mientras que el real decreto-ley detallará expresamente los municipios y áreas que podrán beneficiarse de las ayudas específicas al sector agrario.

La norma pone en marcha un plan de ayudas a corporaciones locales dotado con 2.000 millones de euros en transferencias directas para 2026, destinadas a cubrir actuaciones inaplazables para paliar los efectos de la catástrofe, así como la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales. Estas ayudas podrán anticiparse hasta el 100% de su importe a los ayuntamientos que lo soliciten.

También se flexibiliza la regla de gasto de ayuntamientos y comunidades autónomas para que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen en el límite establecido y se permitirá el uso del superávit de 2025. Además, se amplían los plazos legales para ejecutar las obras de reconstrucción. A ello se suma un Plan de Empleo dotado con 50 millones de euros para reimpulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas.

El subdelegado ha destacado el plan extraordinario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que asciende a 2.874,1 millones de para agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores de Andalucía y Extremadura, las comunidades más afectadas y con mayor siniestralidad por las borrascas desde el 1 de enero de 2026.

De esta cuantía, 2.174 millones de euros se destinan a ayudas directas en 619 municipios, que se concederán de oficio, sin necesidad de solicitud por parte del beneficiario. En concreto, 2.121 millones de euros corresponden a subvenciones para compensar la pérdida de renta de las personas titulares de explotación inscritas en el registro autonómico de explotaciones agrarias, con una ayuda mínima de 5.000 euros y máxima de 25.000 euros, equivalente al 30% de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal.

Además, se destinan 43,1 millones a una ayuda directa adicional para titulares de pólizas de seguro agrario, de modo que las explotaciones aseguradas en el Plan de Seguros Agrarios Combinados percibirán una subvención complementaria de hasta el 70% del coste de la prima, el máximo permitido por la normativa europea, y se abonará la franquicia en los casos de daños parciales.

Junto a estas ayudas, el ministerio destina 600 millones a la restauración de caminos e infraestructuras agrarias dañadas y a la reparación de instalaciones de regadío, actuaciones que ejecutarán las empresas públicas Tragsa y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa). Asimismo, se habilita una línea de financiación especial ICO-MAPA-Saeca dotada con 100 millones, que asumirá el 15% del principal de los créditos solicitados por agricultores, pescadores y acuicultores, así como el 100% del coste de los avales.

El real decreto-ley recoge además la reducción de jornadas reales de 35 a 5 para acceder tanto al subsidio como a la renta agraria, la consideración de estos temporales como causa de fuerza mayor ante el posible incumplimiento total o parcial de determinadas obligaciones, por ejemplo en el marco de la Política Agraria Común (PAC), la reducción de módulos del IRPF en el sector agrario y la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica. Las ayudas al sector estarán exentas del IRPF y del Impuesto de Sociedades.

Por su parte, el Miteco destinará 691 millones en ayudas directas para la recuperación de cauces públicos situados en zonas urbanas e infraestructuras urbanas de abastecimiento y depuración además de obras de emergencia en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

De otro lado, la norma incluye una ayuda de 150 euros por persona y día para las personas desalojadas, con efecto retroactivo desde el inicio del desalojo y compatible con otras ayudas por daños en vivienda.

Se cuadruplican las indemnizaciones previstas en la legislación vigente, elevando hasta 72.000 euros la cuantía en caso de fallecimiento. La indemnización por destrucción total de la vivienda pasa de 15.120 euros a 60.480 euros y la correspondiente a daños en enseres de 2.580 euros a 10.320 euros, eliminándose además los umbrales de renta para acceder a estas ayudas.

El impacto de las medidas fiscales generales asciende a 320 millones de euros, incluyendo exenciones en IRPF y en el Impuesto de Sociedades para las ayudas, así como en el IBI rústico y en el Impuesto de Actividades Económicas en las zonas afectadas.

En materia laboral y de Seguridad Social, las empresas podrán acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor vinculada a las borrascas. En estos supuestos no se exigirá periodo de carencia para acceder a la prestación por desempleo, su percepción no consumirá cotizaciones y la cuantía será del 70% de la base reguladora.

Cuando las medidas temporales respondan a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción relacionadas con estos episodios, las personas trabajadoras se beneficiarán del mismo régimen especial.

Para las empleadas de hogar que no puedan prestar servicios de forma total o parcial tampoco se exigirá periodo de carencia, no se consumirán periodos cotizados y la prestación alcanzará el 70% de la base reguladora.

El subdelegado ha insistido en que negar el cambio climático supone "hacer alianza con la destrucción que acarrea" y ha reiterado la importancia de que todas las fuerzas políticas se incorporen al pacto propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El Gobierno de España ha abierto un espacio de reconstrucción y ha despejado vías de financiación para la Junta de Andalucía y las entidades locales para crear un espacio de colaboración y compromiso. Toca estar con la gente. Actuar con inmediatez, de forma ágil y ser efectivos", ha asegurado.

Asimismo, ha trasladado su reconocimiento a alcaldes y alcaldesas, ayuntamientos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, UME, Protección Civil, Bomberos, Confederación Hidrográfica y demás instituciones implicadas, así como a entidades como Cruz Roja y al conjunto de voluntarios y voluntarias que han colaborado durante el temporal.

Finalmente, ha pedido máxima prudencia a la ciudadanía y ha recordado que, en la provincia de Jaén, de los 15 embalses existentes, siete están actualmente por encima del 100% de su capacidad. Una situación que exige un seguimiento técnico constante y una regulación adecuada ante posibles nuevas situaciones y de cara a la temporada de riegos.