FEJIDIF denuncia desigualdades para personas con movilidad reducida

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (FEJIDIF) ha denunciado la existencia de “importantes desigualdades” en el acceso a derechos básicos de movilidad para personas con movilidad reducida (PMR) en la provincia, donde, según advierte, las condiciones varían en función del municipio de residencia. "Hoy en la provincia de Jaén una persona con discapacidad puede tener derechos en un pueblo y perderlos en el pueblo de al lado. Los derechos no deberían cambiar según el código postal", afirman.

En este sentido, FEJIDIF apunta al incumplimiento del Real Decreto 1056/2014, que regula la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida y establece un modelo único de aplicación obligatoria en todo el territorio. A pesar de ello, denuncian que la normativa no se aplica de forma homogénea en la provincia.

Según la federación, el problema tiene carácter generalizado y afecta a la práctica totalidad de municipios jiennenses. Muchas ordenanzas locales, explican, se encuentran desactualizadas o incompletas, en algunos casos basadas en legislaciones anteriores a 2014, sin haber sido adaptadas en más de una década. Incluso, señalan, hay ayuntamientos que no regulan adecuadamente estos derechos.

Esta situación se traduce en diferencias en aspectos como el número de plazas reservadas, el uso de zonas de carga y descarga, el estacionamiento en áreas reguladas (ORA) o la posibilidad de solicitar una plaza próxima al domicilio o lugar de trabajo. Municipios como Jaén, Linares, Úbeda, Andújar, Martos, Alcalá la Real, Bailén, Torredonjimeno o Mancha Real presentan, según la entidad, aplicaciones dispares de un mismo marco legal.

FEJIDIF advierte de que las consecuencias de esta falta de homogeneidad afectan directamente a la autonomía de las personas con discapacidad, que en muchos casos no pueden estacionar cerca de su vivienda, deben asumir costes adicionales o incluso se enfrentan a sanciones. A su juicio, esta situación supone una “discriminación por motivos de discapacidad” y evidencia un incumplimiento de la normativa estatal.

Por ello, la federación considera “urgente” que los ayuntamientos de la provincia actualicen sus ordenanzas para garantizar que los derechos recogidos en la legislación se conviertan en derechos efectivos y ejercitables en igualdad de condiciones en todo el territorio.