Los migrantes podrán solicitar su regularización de abril a junio

La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha explicado este martes que la regularización extraordinaria de migrantes que el Ejecutivo ha pactado con Podemos permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año.

En una entrevista concedida a La 1, Elma Saiz ha indicado que "hoy se da el pistoletazo de salida" a un proceso "complejo" y que "ha sido además muy trabajado", que iniciará "todos los trámites para que, más o menos, a mediados, a principios del mes de abril, se puedan iniciar de facto, todas las tramitaciones, todas las solicitudes, hasta el 30 de junio, con garantías, de manera ágil, de manera eficaz".

Según ha destacado Saiz, hoy es un día "histórico" porque lo que se está haciendo es "reconocer, dignificar, dar garantías, oportunidades y derechos" a personas que ya están en España.

Preguntada por los derechos que tendrán las personas migrantes, la ministra ha señalado que, desde que se hace la solicitud, "habrá un plazo no más de 15 días para que sea admitida a trámite". "Y, desde ese momento de la admisión a trámite, ya van a poder trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país", ha afirmado.

"Somos muy conscientes de que el empleo y la familia son dos anclajes fundamentales", ha declarado, al tiempo que ha añadido que esta medida también "va a dar derechos a esos menores que están con los titulares para que tengan esa regularización de su situación".

Para Saiz, "lo más importante" es que el Gobierno se ha puesto "plazos" así mismo. "Somos muy conscientes de que la administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura. Y, por eso, una vez que se pueda tramitar a partir de primeros del mes de abril hasta el 30 de junio, la idea es que las solicitudes sean reconocidas en un tiempo absolutamente limitado, no más de tres meses", ha dicho.

Impacto real "positivo"
Respecto al impacto social de la medida, la ministra ha señalado que son estimaciones, pero que está en torno al medio millón de personas. "El impacto real, positivo, de la migración en nuestro país lo constatamos todos los días. Saben que el 14% de los afiliados son extranjeros, con lo cual es indiscutible ese aporte positivo de la migración al conjunto de la sociedad y también en términos económicos. ¿Por qué no reconocerlo?", ha agregado.

Sobre las razones por las que han optado por tramitar esta medida por la vía de urgencia sin necesidad de pasar por el Congreso, la ministra considera que "es importante que la sociedad sepa" que hay "herramientas". "Estamos hablando de una modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería, respetando absolutamente en el marco constitucional y en el marco de nuestra pirámide normativa", ha asegurado.

En este sentido, Elma Saiz ha expresado que la iniciativa legislativa popular "estaba en un cajón", a pesar de que fue "una amplia mayoría política la que dio luz verde". "Nos hemos puesto a trabajar de manera intensa, de manera no sencilla, porque es un procedimiento complejo que tiene que tener todas las garantías para que, por el cauce, es una modificación de un reglamento, para que vea la luz cuanto antes", ha remachado.

"Solamente con los últimos mensajes que he recibido en las últimas horas, desde luego cada día, para personas que están en esta situación, cada día cuenta. Por eso es importante que esto vea la luz y que pueda ser una realidad, como digo, a partir de los primeros días de abril", ha insistido.

Finalmente, en cuanto a la posición del PP, la ministra ha declarado: "La disyuntiva que tiene el Partido Popular es clara. ¿Está con la sociedad? ¿Está con la Iglesia Católica? ¿Está con la CEOE que pone en valor esta medida o está con Vox? Esa es la pregunta que hay que hacer al Partido Popular?, ha planteado.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han recalcado que la medida se dirige a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y a personas que llevaran un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Ausencia de antecedentes penales
Otro de los requisitos, según han informado, será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho.

Igualmente, han indicado que la permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

En cuanto a la autorización, han señalado que será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.

Menores regularizados con sus padres por un plazo de cinco años
Las mismas fuentes han defendido que la regularización "protege la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentran en España". En este caso, han añadido que su vigencia será de cinco años.

El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

De la misma manera, desde el departamento que dirige Elma Saiz han subrayado que las regularizaciones extraordinarias son "una práctica consolidada de gestión migratoria". Así, han recordado que en España en democracia se han llevado a cabo dos impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

"La evidencia empírica muestra que las regularizaciones generan efectos positivos, por ejemplo, la de 2005 mejoró la integración laboral y la movilidad de las personas regularizadas, incrementó la recaudación fiscal y redujo la informalidad", han apuntado.

Por otro lado, desde el Ministerio han respondido sobre un posible "efecto llamada" que no existe "cuando se fija un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes". Además, han argumentado que España cuenta en la actualidad con un Reglamento de Extranjería "moderno y eficaz", que "refuerza las vías regulares, seguras y ordenadas". "Decir que regularizar beneficia a las mafias es ignorar una realidad evidente: la irregularidad es precisamente el mejor negocio para quienes explotan personas. Regularizar es cortar ese negocio", han indicado.