Siete detenidos por vender piezas arqueológicas expoliadas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba, Jaén y Sevilla a siete personas como presuntos responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y contrabando, por la venta de objetos arqueológicos procedentes de expolio, la exportación de gran parte de ellos sin las autorizaciones de exportación oportunas y el blanqueo de los beneficios obtenidos por su venta.

Las investigaciones comenzaron en marzo de 2023, cuando los agentes comprobaron que una empresa dedicada a la compraventa de numismática por Internet tenía tienda en varios portales de venta online, donde se vendía gran cantidad de monedas de origen arqueológico. Muchas de estas monedas conservaban aún restos de tierra adheridos, lo que indicaba una extracción relativamente reciente y, por tanto, el expolio de algún yacimiento arqueológico. Estos hechos constituyen un delito contra el patrimonio histórico, recogido en el artículo 323 del Código Penal. 

Las gestiones policiales permitieron identificar a los responsables de la empresa en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, y revelaron que muchas de las ventas se habían realizado a personas residentes en otros países, como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Grecia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Polonia y Japón, entre otros. Los ingresos obtenidos por estas transacciones superaban el medio millón de euros en los últimos cinco años.

Por este motivo, los investigadores pidieron información al Ministerio de Cultura acerca de los permisos de exportación solicitados por dicha empresa o por sus responsables, requisito obligatorio para la salida del territorio español de bienes culturales de más de cien años de antigüedad. El resultado fue que no habían solicitado ningún permiso para la exportación de las monedas, lo que constituye un delito de contrabando.

Investigación y nuevas identificaciones

Con el avance de la investigación, se identificó a otras cuatro personas que tenían estrecha relación con los responsables de la empresa numismática investigada. Todos tenían perfiles en distintas plataformas de venta online en las que ofrecían objetos arqueológicos en venta o subasta.

Se pudo acreditar que los propietarios de la empresa investigada, que dirigían la actividad empresarial, se surtían de monedas y otros objetos arqueológicos de procedencia ilegal comprándolos directamente a expoliadores que los habían extraído con detectores de metales o en subastas en redes sociales y en plataformas de compraventa online. Posteriormente, todo el material obtenido era catalogado y clasificado, de modo que en la página web de su empresa se vendían los objetos de mayor valor, mientras que los de menor entidad se los enviaba a los investigados que se encontraban en la localidad jienense de Linares y en la cordobesa de Lucena, que los vendían en las distintas plataformas.

En la empresa, el titular se encargaba de mantener los contactos con los proveedores ilegales, seleccionar el material y decidir sobre el envío a los otros miembros del grupo, mientras que su mujer se ocupaba principalmente de la contabilidad y, en ocasiones, de llevar a cabo esos envíos. Contaban con una empleada que se encargaba de gestionar la página web, preparar y empaquetar las monedas y demás objetos y realizar los envíos. 

Las otras dos parejas, residentes en Linares y Lucena, recibían los paquetes que les enviaba y ponían los objetos a la venta en diversos canales mediante subasta o de forma directa. También, por su parte, adquirían material arqueológico a expoliadores de la zona. En este sentido, se pudo acreditar que uno de ellos disponía de un detector de metales que usaba para obtener material arqueológico en los yacimientos que él mismo expoliaba.

Uno de esos paquetes fue interceptado en una empresa de mensajería unas horas antes de la realización de las entradas y registros domiciliarios. Había sido depositado por la empleada de la empresa de numismática y contenía 22 bolsas con cerca de 1.900 piezas de arqueología. Había monedas, puntas de flecha, fíbulas y hebillas, entre otros. Las piezas iban dispuestas en montones y con gran cantidad de tierra adherida.

Otra de las vías por la que todos los implicados obtenían y vendían piezas arqueológicas ilegales era a través de subastas de “venta a tramos” entre particulares, que son subastas que se llevaban a cabo en grupos privados creados en redes sociales. En este tipo de subastas, los participantes pujan en incrementos establecidos (tramos) sobre un precio base. Gana quien ofrece la puja más alta al final del proceso.

Tres registros domiciliarios de manera simultánea
En la explotación operativa, los agentes practicaron de manera simultánea tres registros en los domicilios de los investigados en Mairena del Aljarafe, Linares y Lucena, contando con la ayuda de tres arqueólogos proporcionados por la Junta de Andalucía. En ellos se intervino alrededor de 3.200 objetos arqueológicos, en su mayoría monedas de diferentes épocas, fíbulas, lucernas, puntas de flecha, una jarra de vidrio de época romana sin limpiar, figuras de bronce, balas de honda romana, un fragmento de inscripción romana en bronce perteneciente a un documento jurídico de los siglos I-IV y 37.625 euros, entre otros efectos, así como dispositivos electrónicos y diversa documentación.
En ese momento se procedió a la detención de todos los investigados: los dos responsables de la numismática, su empleada y las parejas encargadas de las ventas en Linares y Lucena. 

El análisis de la documentación y los dispositivos incautados en los registros efectuados han permitido confirmar que todos los implicados eran conocedores del carácter ilegal de las piezas que comercializaban, y han permitido la ampliación de datos sobre el modus operandi utilizado por los detenidos, los diferentes canales por los que obtenían y suministraban los objetos arqueológicos y los métodos de pago utilizados. Los compradores de piezas arqueológicas, a la hora de hacer los pagos, les indicaban que en el concepto pusieran palabras como “regalo”, al objeto de que no constara que se trataba de arqueología.

Las piezas arqueológicas fueron depositadas en el Museo Arqueológico de Sevilla para su estudio por parte de los técnicos y para la emisión del correspondiente informe técnico. Las conclusiones de este informe establecen que constituyen bienes del patrimonio arqueológico, abarcando una cronología que va desde la Edad del Cobre hasta la Contemporánea, presentando la mayoría de ellas concreciones y evidencias propias de una extracción reciente. Tal acumulación de piezas solo podía tener su origen en un expolio sistemático mediante la utilización de detectores de metales. Algunos objetos presentan tan buen estado de conservación que permite asegurar que han sido extraídos de un contexto cerrado, es decir, del expolio de un yacimiento arqueológico desconocido.

A través de las ventas realizadas de manera continuada, los detenidos han obtenido importantes beneficios económicos. Estos ingresos les permitían disfrutar de un nivel de vida por encima de las posibilidades derivadas de las actividades laborales que realizaban legalmente, ya que alguno de los miembros no tenían trabajo remunerado y otros trabajaban de manera intermitente, con contratos cortos y salarios muy contenidos.

En total, se les ha intervenido más de 3.000 piezas de arqueología (monedas, puntas de flecha, fíbulas, figuras y una vasija de vidrio, entre otros), 73 monedas de plata, 37.625 euros en efectivo, tres teléfonos móviles, tres ordenadores y 22 dispositivos de almacenamiento.