CSIF exige a los candidatos electorales "compromiso firme" con Jaén

CSIF Jaén exige una petición clara a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo: "un compromiso firme con la provincia de Jaén, pasando, sin lugar a dudas por el fortalecimiento de los servicios públicos".

Para la organización sindical resulta prioritario "blindar servicios esenciales como la sanidad, la educación, la justicia, la atención a la dependencia y el conjunto de prestaciones que garantizan la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía". El presidente de CSIF Jaén, Juan Carlos González, ha señalado que "quienes aspiran a representar a las y los jiennenses en el Parlamento de Andalucía deben asumir un compromiso inequívoco con ellos, alejándose de cualquier planteamiento que pueda debilitar el sistema público y el estado de bienestar que hemos construido entre todos y todas".

"Es de obligado cumplimiento para nuestra provincia que no se dilate más la Ciudad de la Justicia y se mantengan los plazos ya fijados, un apoyo a la Sanidad real con beneficios en las zonas de difícil cobertura y una atención a la diversidad en la Educación que alcance los niveles adecuados para el alumnado que lo necesite", reivindica el presidente provincial.

Asimismo, la Central Sindical ha reclamado a los partidos que pongan en marcha políticas que beneficien directamente a las familias, entre ellas la creación de empleo estable y de calidad, "seguimos viendo como Jaén sigue íntimamente ligada a la agricultura siendo nuestra razón de ser, pero necesitamos una base estable en sectores como la industria o la innovación que sea capaz de sostener los vaivenes de los ciclos de empleo y no se siga perdiendo población activa", manifiesta González.

En este sentido, el responsable sindical defiende la igualdad y equidad. "Se ha visto que por culpa de decisiones políticas autonómicas y estatales, otras regiones han podido tener un beneficio extra, mientras que en Jaén seguimos a la cola en infraestructuras, comunicaciones o redes de alta tensión que impide que ciertas empresas puedan instalarse en nuestra tierra", insiste González, quien aclara que CSIF siempre defenderá los derechos de los y las trabajadores, la mejora y la estabilidad del empleo gobierne quien gobierne.

La provincia de Jaén arrastra desde hace décadas un problema estructural: produce recursos (energía renovable, aceite de oliva, biomasa, suelo industrial y capital humano formado), pero no dispone de unas infraestructuras de transporte, comunicaciones y red eléctrica comparables a otras zonas. Eso tiene un efecto directo sobre la implantación de empresas y, por tanto, sobre el empleo y la fijación de población. "Queda patente la vulnerabilidad de nuestra economía", recalca.

Por otro lado, CSIF siempre ha reivindicado que a igual trabajo, igual salario. "Hay una discriminación con el personal al servicio de las Administraciones Públicas de Jaén y de la comunidad Andaluza con respecto a otras comunidades en cuanto las retribuciones. Exigimos la eliminación de las diferencias retributivas existentes entre empleados públicos de cuerpos de la misma categoría profesional que desarrolla su actividad profesional en ámbitos territoriales distintos", ha añadido González.

Según el sindicato, "es sobradamente conocido que, con la configuración actual de la estructura salarial de los empleados públicos de las distintas Administraciones Públicas de nuestro país, la existencia de diferencias significativas en las retribuciones que perciben los trabajadores del sector público, según el ámbito territorial donde desempeñan su actividad profesional". Estas diferencias resultan, "altamente discriminatorias, cuando los asalariados afectados pertenecen a un mismo cuerpo o escala, han tenido que superar idénticos procesos selectivos, realizan exactamente las mismas tareas y funciones, pero perciben retribuciones muy distintas según si están destinados en ámbitos gestionados por ministerios u organismos dependientes Administración central o en alguna Comunidad Autónoma con las competencias transferidas".

El responsable sindical también se ha referido a la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de diálogo social. "Es una prioridad que el nuevo gobierno de Andalucía, lo ostente quien lo ostente, muestre su disposición a reflejar la realidad laboral de una Andalucía del siglo XXI, pues la Ley de Participación Institucional aprobada a finales de 2024 deja sin voz a cientos de miles empleadas y empleados públicos y a cada vez más trabajadores de la empresa privada", han denunciado desde CSIF.

"Esta vergonzosa ley se traduce en que se toman decisiones que afectan a las empleadas y empleados públicos sin contar con el sindicato con mayor presencia entre ellos".

Por último, la Central Sindical ha fijado como prioridad que durante la próxima legislatura se haga efectiva la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 detraída a las empleadas y empleados públicos andaluces, lo que supone un incumplimiento del acuerdo firmado con la Administración en 2018 para su restauración. "No puede haber más excusas ni demoras para abonar a los empleados públicos lo que es suyo", ha concluido González.