Condenan a un banco a pagar 12.000 euros por un fraude telefónico

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baeza ha condenado a ING a reembolsar a un socio de FACUA Jaén los 12.450 euros que le fueron sustraídos de su cuenta corriente tras recibir un SMS que suplantaba al banco, la técnica conocida como smishing. La entidad, que permitió operaciones que superaban el máximo permitido por el cliente y no le envió los códigos para la doble autentificación de las transacciones, también tendrá que pagar los 327 de intereses legales generados desde la interposición de la demanda y 2.015 euros de costas del procedimiento judicial.

Tal y como informa la organización de consumidores en una nota, en su sentencia, la jueza señala que el afectado «actuó conforme a los conocimientos de cualquier ciudadano medio y fue presto en notificar los cargos indebidos» y considera probado que la entidad bancaria «no ha actualizado de forma suficiente los sistemas de seguridad», ya que permitió unas operaciones cuyas cuantías eran superiores a las cantidades máximas que tenía fijadas el cliente.

El caso tuvo lugar el pasado 28 de febrero de 2024 cuando el afectado, Juan de la Poza Pérez, vecino de Baeza, recibió un SMS en su móvil que aparentemente era de ING donde le advertían de que se había bloqueado una operación no autorizada en su cuenta bancaria. Minutos después recibió un segundo mensaje donde le informaban de que debía completar una información relativa a sus tarjetas bancarias para bloquear esa supuesta operación fraudulenta. Hizo caso omiso a ambas notificaciones.

Al rato, recibió una llamada que su teléfono identificaba como ING-Majadahonda. En la conversación volvieron a informarle de un supuesto cargo retenido en su cuenta, instándole a acceder al link que había recibido en uno de los SMS para solventar el problema. Tras esta llamada siguió las instrucciones hasta que en un momento le dijeron que tenía traspasar dinero de su cuenta a otra que supuestamente acababan de abrir en su nombre. Ahí se percató de que algo iba mal y directamente colgó.

Este hombre contactó con ING para comunicar lo ocurrido y pedir que bloqueasen cualquier operación no autorizada. En esa llamada le informaron de que se trataba de un fraude. Al comprobar su cuenta, se percató de que tenía un cargo de 4.950 euros con concepto «Revolut Dublin», una operación no autorizada para la que ni siquiera había recibido los códigos para la doble autenticación. Es más, el banco había permitido la transferencia pese a ser una cuantía superior a los 3.000 euros diarios que el cliente tenía establecido como límite en su tarjeta. Inmediatamente acudió a la Policía Nacional a interponer una denuncia por lo ocurrido.

Pasadas unas semanas, Juan recibió otro cargo fraudulento en su cuenta bancaria por importe de 7.500 euros. Al ver la nula voluntad del banco en ofrecerle una solución, decidió asociarse a FACUA Jaén para que defendiese sus derechos como consumidor. La asociación remitió un escrito al Servicio de Atención al Cliente de ING en el que pedía que devolviesen el dinero a su socio.

Según FACUA la entidad bancaria contestó que «con carácter general las entidades bancarias no pueden ordenar la retrocesión unilateral de un pago realizado con tarjeta, pues son mandatos de pago irrevocables». Tras esto, acudieron a los tribunales.