Exigen retirar a Vox las competencias de Violencia de Género en la Junta

La secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, ha criticado la cesión de la gestión de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género a la "ultraderecha" por parte del Gobierno andaluz. Desde el sindicato se ha alertado de que esta decisión "deja en manos de un partido que niega la violencia machista la coordinación de los equipos técnicos formados por profesionales de la psicología, la medicina forense y el trabajo social, encargados de elaborar los informes fundamentales para que la judicatura determine órdenes de protección, custodias y regímenes de visitas".

Según ha señalado el sindicato en una nota de prensa, esta medida ha generado "una enorme preocupación" en la central sindical, ya que los dictámenes de estas unidades "son decisivos" para la protección de la víctima y para la asignación de ayudas públicas a las víctimas de violencia de género, "fundamentales para empezar una vida lejos de sus agresores".

En ese sentido, se ha subrayado que la comunidad autónoma andaluza lidera las cifras absolutas de asesinatos machistas y contabilizó 41.316 denuncias por violencia de género en el último ejercicio, muy por encima del resto de España, por lo que desmantelar o alterar la imparcialidad de estos Servicios Públicos "no solo vulnera la protección efectiva de las víctimas, además hay una estrategia para negar la realidad de la violencia machista".

"Nos preocupa la reciente decisión del Gobierno andaluz de nombrar a un hombre al frente de la coordinación provincial del IAM en Sevilla, los hombres tienen y deben estar en la lucha por la igualdad, pero pueden hacerlo desde otros espacios, sin ocupar espacios de participación y liderazgo institucional ocupados por mujeres para luchar por la igualdad de las mujeres", han aseverado.

A su juicio, esta designación "confirma la senda de desmantelamiento de las políticas de igualdad" por parte del Gobierno Andaluz, a través de la Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad.

Asimismo, la organización ha señalado el antecedente de 2019, cuando Vox solicitó la identificación nominal de los profesionales que elaboraban dichos informes psicosociales. Según palabras textuales de la formación, la intención era "depurar el servicio de un supuesto sesgo ideológico".

CCOO de Andalucía alertó en 2019 de que "detrás de todo esto lo que VOX pretende es atacar a las mujeres y a la lucha contra el machismo y la violencia de género. Es un gesto tras el que subyace una carga ideológica muy peligrosa".

Para el sindicato, "ceder estas competencias operativas y presupuestarias a la ultraderecha abre la puerta a que la propia administración pública reorganice o suprima un recurso esencial".

"No vamos a aceptar la violencia institucional, que niega la atención adecuada a las víctimas y no permitiremos ningún ataque, ni persecución de las personas trabajadoras de las UVIVG, ni coacción a los y las profesionales del sistema de atención y apoyo a las víctimas de violencia de género", han asegurado.

"Las políticas que necesita Andalucía son de prevención de la violencia de género, de sensibilización y de igualdad, que reduzcan las violencias que sufrimos las mujeres y las desigualdades, que contribuyan a reducir las brechas, entre ellas las laborales y que refuercen la autonomía de la mujer para que estas puedan salir de la situación que sufren".

Ante esta situación, la secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, ha manifestado que "es intolerable e indecente que la protección y la atención a las víctimas de violencia machista se haya dejado en manos de Vox, un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea".

La dirigente ha añadido que "Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos machistas y por respeto a las mujeres que han sido asesinadas, a sus familias y a todas las mujeres que están en peligro, no se puede dejar en manos de la ultraderecha la protección de las víctimas".

Finalmente, CCOO de Andalucía ha reclamado la retirada inmediata de esta concesión política para garantizar la integridad de los equipos multidisciplinares y ha anunciado la articulación de respuestas sindicales y de movilización social para evitar el retroceso en los derechos de la clase trabajadora y la desprotección de las mujeres agredidas.