Piden la independencia de la atención a víctimas de violencia

Las asociaciones y organizaciones de mujeres andaluzas han acordado reforzar su coordinación y poner en marcha una estrategia conjunta ante la gestión de las competencias de Justicia relacionadas con la violencia de género por parte de VOX. En virtud del pacto de investidura de 150 medidas firmado el 2 dejulio de 2026 entre el PP-A y VOX —que permitió la reelección de Juanma Moreno como presidente de la Junta—, la formación de extrema derecha asumió la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, dirigida por Manuel Gavira Florentino, vicepresidente segundo de la Junta y portavoz de VOX en Andalucía.

De esta Consejería dependen, conforme al Decreto191/2026, de 30 de julio, por el que se establece su estructura orgánica, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y, con ellos, las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género(UVIVG), así como el Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA). Esta cesión genera una especial preocupación en el movimientofeminista andaluz, que recuerda que en 2019 VOX ya solicitó al Parlamento andaluz la lista nominal del personal profesional que firmaba los informes psicosociales sobre mujeres maltratadas, petición que el Ejecutivo autonómico de entonces rechazó por motivos de protección de datos. "Este antecedente no es anecdótico: evidencia una posición sostenida en el tiempo hacia estos servicios que ahora pasan a depender de una Consejería gestionada por estaformación política", afirman.

Las UVIVG, integradas por equipos multidisciplinares formados por médicas y médicos forenses, psicólogas y psicólogos, y trabajadoras y trabajadores sociales, elaboran valoraciones e informes periciales especializados que sirven de apoyo a los órganos judiciales en procedimientos relacionados con la violencia de género y que pueden resultar relevantes para decisiones que afectan a la protección, la seguridad y los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos, como la concesión de órdenes de protección o la atribución de la custodia. Las UVIVG constituyen un recurso especializado del sistema de protección y justicia frente a la violencia de género. Por ello, el movimiento feminista exige que cualquier decisión sobre su organización y funcionamiento preserve su independencia técnica, especialización profesional y rigor científico.

La nueva Consejería tiene capacidad de decisión sobre aspectos esenciales de su organización, funcionamiento, protocolos y estructura directiva, aunque no puede suprimir las unidades, al estar amparadas por la Ley Orgánica 1/2004. Precisamente por ello, "las organizaciones de mujeres exigimos conocer qué cambios se plantean, quién los está decidiendo y qué garantías existen para impedir cualquier interferencia política o ideológica en el trabajo de estos equipos". Las organizaciones consideran imprescindible "preservar los recursos humanos y materiales necesarios para su adecuado funcionamiento y garantizar que el criterio profesional se mantenga al margen de intereses políticos o ideológicos, sustentado en la evidencia, la especialización y la perspectiva de género".

También manifiestan su preocupación por la situación del SAVA: "Extendemos esta preocupación al SAVA y a otros recursos especializados de atención y acompañamiento. No basta con que los servicios continúen existiendo formalmente: la falta de personal especializado, medios, financiación o formación puede provocar un deterioro progresivo de su funcionamiento y afectar ala calidad de la atención que reciben las mujeres víctimas de violencia de género". Por ello, el movimiento feminista considera necesario conocer la situación actual de estos recursos, sus condiciones de financiación,sus plantillas, su cobertura territorial —con especial atención a las zonas rurales y a colectivos con más barreras de acceso, como mujeres migrantes, mujeres con discapacidad o mujeres mayores—y las garantías de continuidad y especialización.

Una obligación de los poderes públicos
Las organizaciones recuerdan que la violencia de género constituye una vulneración de los derechos humanos y que la Ley Orgánica1/2004 y el Convenio de Estambul establecen obligaciones para los poderes públicos en materia de prevención, protección,atención y acceso a la justicia. En este mismo sentido de avance del marco de protección, el Gobierno de España ha aprobado en 2026 el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, actualmente en tramitación parlamentaria, destinado a reforzar la prevención, protección y reparación frente a esta forma específica de violencia. Mientras el marco estatal avanza para ampliar la protección de las mujeres, niñas y niños frente a las violencias machistas, "Andalucía debe garantizar y reforzar los recursos especializados encargadosde hacer efectiva esa protección, no debilitarlos ni poner en riesgo su independencia profesional. Además de respetar los principios y cumplir la Ley 12/2007 andaluza para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía".

"La protección de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género no puede depender de coyunturas políticas ni verse condicionada por posiciones ideológicas. Requiere servicios especializados, profesionales con garantías de independencia y recursos suficientes.La respuesta, además, no puede limitarse a la intervención cuando la violencia ya se ha producido. La prevención, la coeducación, lasensibilización, la autonomía económica de las mujeres y el fortalecimiento del movimiento asociativo forman parte también de una política integral frente a las violencias machistas", afirman.

El movimiento feminista se organiza para actuar
Ante esta situación, las organizaciones de mujeres andaluzas han  acordado reforzar su coordinación y poner en marcha una estrategia común deseguimiento y actuación:
-Solicitar información a las administraciones competentes sobre la situación de las UVIVG, el SAVA y otros recursos especializados.
-Preparar escritos dirigidos al Parlamento de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz.
-Solicitar reuniones institucionales para conocer las decisiones adoptadas y exigir garantías sobre el mantenimiento de estos servicios.
-Reforzar la coordinación con organizaciones feministas, profesionales, sociales y sindicales de Andalucía y de otrosterritorios.

El movimiento feminista andaluz se está organizando para reaccionar y responder con contundencia ante esta situación y no descarta convocar movilizaciones si las administraciones no ofrecen las garantías exigidas. El formato y el calendario de estas acciones de protesta se concretarán en las próximas semanas.

El objetivo no es únicamente responder ante una decisión concreta, sino "rearmar la capacidad de acción del movimiento feminista andaluz para defender las políticas públicas para las mujeres".

"No vamos a permanecer en silencio ni vamos a esperar a que se produzca ningún retroceso: el movimiento feminista andaluz se organiza, se rearma y actuará para defender los derechos de las mujeres y unas políticas públicas libres de negacionismo y de intereses partidistas", concluyen.