Vialterra, propuesta para la reforma de la sede judicial de Villacarrillo
La empresa afrontará una actuación presupuestada en 5,68 millones y plazo de ejecución de 18 meses a la espera de la formalización de contrato
Foto: JOSÉ HERREROS
La actuación permitirá recuperar el histórico edificio de la calle Feria.
La reforma y ampliación de la sede judicial de Villacarrillo encara ya su fase definitiva antes del inicio de las obras. La empresa jiennense Vialterra ha sido propuesta como adjudicataria del contrato promovido por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía para recuperar el histórico inmueble de la calle Feria, que dejó de funcionar como sede de los juzgados en 2010. El alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles, ha confirmado en una entrevista a Radio Villacarrillo, el avance del procedimiento y señala que ahora queda pendiente la formalización del contrato para que los trabajos puedan comenzar.
La propuesta de adjudicación sitúa el importe de las obras en 4.749.735 euros, de acuerdo con la información facilitada por la propia empresa, mientras que el presupuesto base con el que salió a licitación ascendía a 5.685.582,63 euros, IVA incluido. El contrato establece un plazo de ejecución de 18 meses. La licitación fue publicada por la Junta el pasado mes de marzo mediante procedimiento abierto y con una pluralidad de criterios destinados a determinar la mejor relación calidad-precio.
El procedimiento recibió once ofertas. Entre las empresas que concurrieron figuraban Servimar 2008, Vialterra, Procyr, Grupo 21, Vivendio Sostenibilidad Energética, Herysan, Obras de Mancha Real, ASCH Infraestructuras y Servicios y Maracof, además de dos uniones temporales de empresas. Tras la valoración de las propuestas, Vialterra ha resultado propuesta para ejecutar una actuación que supondrá la transformación integral del edificio.
Para Miralles, el paso supone la culminación de una reivindicación que, según recuerda, se mantiene desde hace más de una década. «Hace muy pocos días, algo histórico, una reivindicación histórica desde el año 2011 en nuestro municipio es la adaptación o las obras que se van a llevar a cabo en la sede judicial de Villacarrillo», señala el alcalde, quien pone el acento en que la infraestructura no presta servicio únicamente a la localidad, sino al conjunto del Partido Judicial de Villacarrillo.
El proyecto recuperará una antigua casona del siglo XIX situada en la calle Feria y conservará su fachada histórica, al tiempo que modificará y ampliará el inmueble para adaptarlo a las necesidades actuales de la Administración de Justicia. La superficie construida pasará de los aproximadamente 1.142 metros cuadrados actuales del edificio a unos 2.445 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas bajo rasante, planta baja y dos plantas superiores.
La distribución prevista contempla en los dos sótanos los espacios destinados a servicios, mantenimiento, archivos y zona de detenidos. La planta baja concentrará buena parte de los servicios de atención al público, con las salas de vistas, salas de espera, clínica médico-forense y Juzgado de Guardia. Una de las salas de vistas podrá utilizarse también para la celebración de bodas civiles. En la primera planta se ubicarán los despachos de jueces, letrados de la Administración de Justicia y Fiscalía, junto con los espacios de trabajo de los funcionarios, además de dependencias para colegios profesionales y servicios de mediación.
La segunda planta estará destinada a otros equipamientos, entre ellos una Sala Gesell, concebida para facilitar la declaración de víctimas especialmente vulnerables y su utilización como prueba preconstituida en procedimientos judiciales. El proyecto reserva además espacio para una eventual sección especializada en violencia sobre la mujer, en caso de que el Ministerio de Justicia determine su creación en el futuro.
La intervención también responde a la transformación experimentada por la organización judicial. La nueva sede deberá adaptarse al modelo establecido por la Ley de Eficiencia de 2025, que ha sustituido los juzgados unipersonales por tribunales de instancia. En el caso de Villacarrillo, el Partido Judicial presta servicio a alrededor de 52.000 vecinos de 21 municipios, mientras que la plantilla está integrada por 16 funcionarios.
El origen de la actuación se encuentra en las limitaciones del antiguo inmueble. Las condiciones del edificio de la calle Feria llevaron al traslado de los órganos judiciales a un local cedido por el Ayuntamiento en el mercado de abastos, una solución inicialmente provisional que se ha mantenido durante años. Las instalaciones actuales cuentan con unos 829 metros cuadrados, de modo que la futura sede dispondrá de aproximadamente el triple de superficie.
El proyecto ha atravesado además diferentes etapas antes de alcanzar la actual fase de contratación. La Junta explica que existía un proyecto previo que fue reactivado en la pasada legislatura y que, después de los problemas surgidos con la primera adjudicataria encargada de los trabajos técnicos, fue asumido por Tragsatec para su adaptación a la normativa vigente. Posteriormente tuvo que ser revisado de nuevo para adecuarlo al nuevo modelo de organización judicial derivado de la Ley de Eficiencia aprobada en 2025.
La propia resolución administrativa de inicio del procedimiento recoge que el expediente se tramitó mediante procedimiento abierto y que el gasto autorizado se distribuye entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028. El importe de licitación sin IVA se fijó en 4.698.828,62 euros, mientras que la cantidad total, incluido el 21% de IVA, alcanzaba los 5.685.582,63 euros.
Para el alcalde de Villacarrillo, el avance del expediente supone también recuperar una infraestructura que considera estratégica para el municipio y para el conjunto de su partido judicial. «La sede judicial que tenía… no era el sitio donde deberían estar, sobre todo donde los trabajadores, los magistrados, los abogados, los profesionales que trabajan ahí y los usuarios que utilizan no era el mejor sitio», afirma Miralles.
El regidor destaca igualmente el impacto que la ejecución de las obras puede tener más allá del ámbito estrictamente judicial. A su juicio, la intervención supondrá movimiento económico durante el periodo de construcción, tanto por la llegada de trabajadores como por la posible contratación de mano de obra y la adquisición de materiales y servicios en Villacarrillo y su entorno.
«Hablamos de una cantidad de euros, de millones de euros importantes que se van a invertir aquí en nuestro municipio», señala el alcalde, quien recuerda que durante los últimos años el proyecto ha sido objeto de diferentes anuncios y fases administrativas. En la entrevista, Miralles sitúa el conjunto de la actuación, incluyendo proyecto y ejecución, en el entorno de los seis millones de euros, aunque la licitación finalmente publicada por la Junta fijó el presupuesto base de las obras en 5,69 millones de euros con IVA.
La siguiente etapa será, por tanto, la formalización del contrato con la empresa propuesta como adjudicataria. Una vez completados los trámites administrativos, comenzará a correr el plazo de ejecución de 18 meses previsto en el contrato. La empresa Vialterra, constructora con sede en Jaén, ha señalado que la actuación contempla la renovación integral del inmueble y su adaptación a las necesidades funcionales, tecnológicas y de seguridad actuales de la Administración de Justicia.
El alcalde apunta que, si se cumplen las previsiones y no se producen contratiempos durante la ejecución, el traslado de los servicios judiciales desde su actual ubicación provisional podría producirse aproximadamente dentro de dos o tres años. Será entonces cuando el Ayuntamiento tenga que abordar también el futuro uso del espacio que actualmente ocupa la sede judicial provisional en el mercado de abastos.
La recuperación del edificio de la calle Feria permitirá así devolver a su emplazamiento histórico los servicios judiciales de Villacarrillo después de más de una década de provisionalidad. El objetivo de la actuación es dotar al Partido Judicial de unas instalaciones dimensionadas para su actividad actual y preparadas para las nuevas necesidades de la Administración de Justicia, al tiempo que se conserva un inmueble de carácter histórico integrado en el centro urbano del municipio.