Suspendida la comparecencia del jefe de la Policía Local de Villacarrillo
Estaba prevista para el 12 de marzo después de que el Juzgado de Villacarrillo abre un procedimiento por presunta malversación
Juzgado de Villacarrillo.
La comparecencia judicial del jefe de la Policía Local de Villacarrillo, prevista para el próximo 12 de marzo, ha quedado suspendida debido a un cambio en la titularidad del juzgado encargado del procedimiento.
Según ha podido saber EXTRA JAÉN, el juez que hasta ahora se encontraba al frente de este tribunal ha sido destinado a otro juzgado, lo que ha provocado la reorganización de la agenda judicial. A la espera de que tome posesión el nuevo magistrado, las diligencias previstas han tenido que ser aplazadas.
Entre ellas se encuentra la comparecencia del jefe de la Policía Local de Villacarrillo, que deberá fijarse nuevamente una vez que el nuevo juez se incorpore al juzgado y revise el estado del procedimiento.
Presunta malversación
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 del Tribunal de Instancia de Villacarrillo acordó el pasado 5 de febrero la incoación de procedimiento para juicio ante el Tribunal del Jurado contra F.J.M.M., jefe de la Policía Local del municipio, por su presunta implicación en delitos contra la administración pública.
La resolución judicial, a la que tuvo acceso este periódico apreciaba “indicios verosímiles de la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos (artículo 432 del Código Penal), así como de delitos conexos de prevaricación administrativa (artículo 404) y falsedad en documento público (artículo 390.1).
Denuncia impulsada por UGT
El procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada ante la Fiscalía por UGT, a instancia del delegado de personal del cuerpo de Policía Local de Villacarrillo. En la causa figuran como acusación el propio Ayuntamiento de Villacarrillo y el agente Á.A.C.
Tras varios años de instrucción, la juez considera que existen elementos suficientes para que el caso sea enjuiciado por un jurado popular, dado que el delito de malversación está incluido dentro de las competencias del Tribunal del Jurado, conforme a la Ley Orgánica 5/1995.
Once expedientes de la DGT no tramitados
Entre los hechos recogidos en el auto destaca la presunta no tramitación de hasta “once expedientes sancionadores de la Dirección General de Tráfico (DGT). Según consta en la resolución, tanto agentes municipales como la propia Jefatura Provincial de Tráfico habrían confirmado que dichos expedientes “nunca fueron remitidos oficialmente”.
Asimismo, se señala la posible “paralización de expedientes sancionadores municipales y otros que debían tramitarse a través de la Subdelegación del Gobierno”. Informes incorporados a la causa indican que numerosos expedientes “no constan registrados en el Ayuntamiento ni figuran ingresos asociados en la Tesorería municipal”.
Uso presuntamente indebido de tarjetas de combustible
Otro de los puntos relevantes del procedimiento hace referencia al presunto uso irregular de tarjetas de repostaje asociadas a vehículos oficiales para fines privados. Testimonios recogidos durante la instrucción apuntan a que “algunos repostajes no se corresponderían con el consumo habitual de los vehículos municipales”.
En este contexto, la resolución menciona también la vinculación del investigado con el Club de Fútbol Villacarrillo, del que era presidente, extremo que figura en la documentación aportada a la causa.
Multas abonadas presuntamente “en mano”
El auto judicial recoge igualmente declaraciones de varios ciudadanos que manifestaron haber “abonado multas directamente en la Jefatura de Policía Local”. Según estos testimonios, se les habría ofrecido una “reducción del importe” y la no detracción de puntos si efectuaban el pago inmediato.
Sin embargo, parte de esos ingresos no constarían en la contabilidad municipal. Además, la documentación refleja anotaciones de “puntos detraídos” en expedientes que, según la investigación, no habrían seguido el cauce legal ante la DGT.
La instrucción incluye también un informe pericial caligráfico que atribuye al investigado determinadas firmas en documentos relacionados con denuncias del sistema “foto rojo”, así como la supuesta simulación de la firma de otro agente.
Por el momento no se ha concretado una nueva fecha para esta declaración, que queda pendiente de la reorganización del calendario judicial tras el relevo en el órgano encargado del caso.