Martos, Porcuna y Montoro exigen salvar las instalaciones olivareras

Los ayuntamientos de Martos y Porcuna, en la provincia de Jaén, junto al de Montoro, en Córdoba, han exigido de forma conjunta la apertura urgente de una vía de diálogo con el Patronato de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.

El objetivo de las administraciones locales es proteger las instalaciones de esta entidad en sus respectivos municipios, tras mostrar su "máxima preocupación" y considerar que las explicaciones ofrecidas por la fundación sobre el cierre de dos de sus centros y el despido de sus trabajadores ofrecen "poca claridad".

Así se ha acordado tras una reunión mantenida entre los representantes municipales y los responsables de la fundación para conocer los detalles, los planes de futuro y el destino de las instalaciones.

En el encuentro han participado el alcalde de Martos, Emilio Torres; el de Porcuna, Miguel Moreno; la alcaldesa de Montoro, Lola de Amo; los concejales marteños de Agricultura y Patrimonio, Juan Pérez y Elena Molina, respectivamente; así como el presidente de la Fundación, Rafael Sánchez de Puerta, y su gerente, Iñaki Benito Otazu.

Según han informado los consistorios en un comunicado conjunto, las explicaciones de la entidad no han convencido a los responsables municipales. Lejos de arrojar luz, la conclusión del encuentro ha elevado la preocupación de los alcaldes, que han decidido instar al Patronato de la Fundación —en el que participan, entre otros, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, organizaciones agrarias y empresas del sector— a abrir "con urgencia" una vía de diálogo para proteger unos enclaves que consideran clave por su peso económico y su papel como eje vertebrador del territorio.

Los regidores han explicado que el origen de los cierres se justifica por parte de la entidad en pérdidas económicas, un argumento que los tres municipios consideran que "carece de fundamento", especialmente en el caso de Martos.

Ante esta situación, el alcalde de Martos, Emilio Torres, ha anunciado que se van a llevar a cabo "cuantas acciones sean necesarias" para proteger las instalaciones en su localidad.

Para ello, se va a incoar un expediente de protección, aprovechando que las instalaciones de la Fundación en Martos se ubican en una zona de protección arqueológica. De este modo, se pretenden evitar movimientos a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de la ficha urbanística para impedir tanto su cierre como la desaparición de las instalaciones.

ANTECEDENTES

Esta reclamación conjunta se produce después de que el pasado 3 de julio los ayuntamientos de Montoro y Martos emitieran un primer comunicado mostrado su malestar preocupación por el cierre de los dos centros.

En aquel momento, ya subrayaron que la decisión de la Fundación "supone la desaparición de dos centros históricos vinculados al sector oleícola andaluz" y que afecta directamente a territorios cuya identidad, economía y desarrollo están estrechamente ligados al olivar.

"Somos conscientes de la autonomía de gestión de la Fundación, pero una decisión de esta naturaleza no debería analizarse únicamente desde parámetros internos de funcionamiento, gestión o rentabilidad, sino desde el papel estratégico que estas instalaciones han desempeñado durante décadas al servicio del sector, de los agricultores, de las cooperativas y del conjunto del medio rural", han zanjado los ayuntamientos.