Desmantelan una red que se lucraba con permisos de residencia ilícitos

Introducían ciudadanos de origen magrebí en España para regularizarlos mediante simulación de parejas de hecho

 Desmantelan una red que se lucraba con permisos de residencia ilícitos

Foto: SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Presentación de los resultados de la Operación Vínculo.

A principios de febrero de 2025, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Jaén comenzó la investigación, bajo la denominación “Operación Vínculo”, cuando recibió información sobre varias solicitudes de Permiso de Residencia (por circunstancias excepcionales), a través de matrimonios de conveniencia.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández ha señalado que este importante éxito se enmarca en un contexto general de buenos resultados en materia de seguridad. “Jaén mantiene una de las tasas de criminalidad más bajas de España, casi veinte puntos por debajo de la media nacional, y los agentes esclarecen prácticamente la mitad de los delitos denunciados”, ha afirmado. En sus palabras, estos avances son fruto “de un trabajo sostenido, del refuerzo de medios impulsado por el Gobierno de España y de la coordinación institucional que permite responder con firmeza, eficacia y determinación frente a cualquier amenaza para la seguridad de la ciudadanía”.

Además, Fernández ha destacado la importancia del trabajo técnico desarrollado por la Policía Nacional. “Esta operación demuestra, una vez más, la capacidad investigadora de nuestras unidades especializadas. Estamos hablando de un trabajo minucioso y complejo que ha permitido descubrir un entramado perfectamente organizado y actuante en varias provincias del país”, ha dicho.

Más de 300 solicitudes

Se trataba de tres matrimonios denominados “blancos” (de conveniencia), que se habían registrado como pareja de hecho en Cataluña, relacionados con empadronamientos en domicilios de la localidad de Torredonjimeno (Jaén).

A raíz de dicha información, la unidad de investigación de la Brigada de Extranjería, realizó distintas gestiones, detectando la falsedad en los documentos presentados para la solicitud de dicho permiso de residencia, tales como los Volantes de Empadronamiento de diferentes Ayuntamientos, Certificados de Parejas Estables de Cataluña, contratos de arrendamiento, etc.

En la investigación se detectan más de 300 solicitudes de permisos de residencia conseguidos en fraude de ley, presentadas en distintas Oficinas de Extranjeros de la geografía española, siendo la mayoría de las parejas registradas, entre ciudadanos de origen marroquí y ciudadanas españolas, la gran mayoría, residentes en la localidad de Málaga.

La regularización de dichos ciudadanos extranjeros, se conseguía tras registrarse como “Pareja de Hecho” en diferentes Notarías de Barcelona, previo empadronamiento en esa localidad, con ciudadanas españolas, a las que no conocían con anterioridad y con las que no mantenían ningún tipo de relación personal, obteniendo consecuentemente su Autorización de Residencia de Familiar Comunitario, la cual habilitaba para la residencia durante 5 años, y la posibilidad de trabajar por cuenta propia o ajena.

La organización criminal, llegaba a cobrar por los trámites, cantidades que podían alcanzar los 12.000 euros a cambio de que los miembros de dicha organización, les introdujeran ilegalmente en territorio nacional o bien les facilitaran la documentación necesaria para poder acogerse a alguna de las circunstancias establecidas en la legislación española, sobre materia de extranjería, una vez se encontraban irregularmente el España, para poder obtener de ese modo, su residencia legal en territorio nacional, llegando a obtener, los cabecillas de esta organización criminal, más de 30 millones de euros.

La organización criminal, que se encontraba establecida entre las ciudades de Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga, con tareas repartidas y bien definidas; tenía en su cúspide, a los cabecillas de la organización, personas españolas y marroquíes, que planificaban todas las actuaciones anteriormente descritas, encargándose de captar a los restantes miembros de la organización, a los que ordenaban y distribuían las tareas a realizar, siendo los receptores de la mayor parte de las ganancias obtenidas. En el siguiente eslabón se encontraban los captadores, que eran los encargados de encontrar chicas españolas (siendo la mayor parte de la provincia de Málaga), para inscribirse como parejas estables de hecho, realizando también tareas logísticas y de desplazamiento entre las provincias de Málaga y Barcelona; los facilitadores, que se encargaban de conseguir la documentación falsificada necesaria para la presentación de las solicitudes de permiso de residencia; y las tradicionalmente conocidas como “mulas”, encargadas de transferir el dinero obtenido por la organización.

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Jaén, en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona y la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Velez-Málaga, junto con el Puesto de la Guardia Civil de Periana (Málaga), han realizado un total de 48 detenciones de implicados en la trama, siendo éstos 37 mujeres y 11 hombres, entre las localidades de Jaén, Málaga, Velez-Málaga, Tenerife y Barcelona, por presuntos delitos de Falsedad Documental, Favorecimiento a la Inmigración Ilegal y pertenencia a Organización Criminal.

La investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones.

En el Registro realizado en el domicilio de la principal responsable de la Organización, en la localidad de Badalona (Barcelona), se intervinieron 17.000 euros, diversa documentación que está siendo analizada por la Unidad Investigadora, así como varios soportes informáticos, que también están siendo analizados.

Además, por parte de la Brigada de Extranjería y Fronteras, se ha solicitado a las diferentes Oficinas de Extranjeros, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de diferentes ciudades, la extinción de los permisos de residencia que fueron conseguidos en fraude de ley, así como la solicitud a la Agencia Tributaria de la extinción de cualquier tipo de ayuda social obtenida por estas personas mediante los delitos investigados.