"El transporte escolar en la provincia es inviable"

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Unibús y las empresas más representativas del sector de transporte escolar en la provincia se han reunido esta mañana en la sede de la organización empresarial para abordar la delicada situación que atraviesa esta actividad y las dificultades que están encontrando para poder garantizar la prestación del servicio en las condiciones económicas actuales. En el encuentro también han participado el secretario general de la CEJ, Mario Azañón, y Moisés Calzada, gerente de Unibús Jaén.

El presidente de la CEJ, Bartolomé González, ha explicado que la organización empresarial ha querido escuchar directamente al sector y conocer las dificultades que están afrontando las empresas. González ha sido firme al señalar que “no se puede trabajar a pérdida” y que cualquier empresa necesita obtener, al menos, un margen de beneficio que garantice su continuidad. A su juicio, plantear la prestación de un servicio en estas condiciones “no es asumible por parte de ninguna empresa, sea del sector que sea”.

El presidente de la CEJ ha incidido especialmente en la dimensión pública del transporte escolar “por su capacidad para garantizar el acceso a la educación y vertebrar el territorio”. Por ello, ha avanzado que la Confederación trasladará a la administración las inquietudes y las propuestas de solución planteadas por patronal del transporte con el objetivo de contribuir a desbloquear esta situación.

En la misma línea, el presidente de Unibús, Raúl Gil, ha defendido el papel que desempeña el transporte de viajeros como actividad económica que distribuye riqueza y genera empleo “en los sitios más recónditos” de la provincia. “Nos hemos visto obligados a comparecer porque la administración traslada que esto es un problema de los transportistas y, en realidad, esta problemática no es de los transportistas”, ha afirmado.

El responsable de Unibús ha explicado que la situación actual es consecuencia de un problema que se viene arrastrando desde hace años y que se ha visto agravado por unas condiciones de contratación que no resultan suficientemente atractivas para las empresas. Según ha detallado, durante los últimos años se han sucedido licitaciones que han quedado desiertas no solo en Jaén, sino también en otras provincias andaluzas que han mantenido el servicio mediante prórrogas.

Gil ha señalado que en los últimos años las empresas han tenido que asumir una subida de los carburantes del 42%, mientras que el sector ha tratado de plantear alternativas a la Agencia Pública de Educación, incluyendo modificaciones de las tablas económicas de los trayectos para poder afrontar el inicio del curso escolar. “A esa propuesta se hizo caso omiso”, ha lamentado.

Frente a los datos trasladados por la Junta de Andalucía, el presidente de Unibús Jaén ha señalado que en la provincia de Jaén son 225 las paradas afectadas, con un número de usuarios cercano a 2.000, antes de subrayar que el alcance real del problema es mucho mayor “porque existen otras empresas que trabajan mediante contratos menores cuyos vencimientos están previstos para finales de septiembre, noviembre y diciembre”.

Unibús Jaén también ha cuestionado las ayudas públicas extraordinarias anunciadas por la Administración, al considerar que no responden a la verdadera naturaleza del problema. Según Gil, dichas ayudas supondrían “el doble o el triple de lo que el sector solicita como coste real de los servicios”.

El presidente de Unibús ha insistido en que el sector lleva años advirtiendo de esta situación y reclamando cambios. “No podemos ir a una licitación para los próximos cuatro años estando en medio de una negociación del convenio provincial donde vamos a asumir subidas salariales de más del 9% a nuestros trabajadores”, ha explicado Gil, quien también ha advertido de la incertidumbre existente sobre la evolución del precio del carburante y de los vehículos.

Tanto la CEJ como Unibús han coincidido en defender la necesidad de encontrar una solución que permita compatibilizar la prestación de un servicio público esencial con la viabilidad económica de las empresas encargadas de prestarlo. En este sentido, Gil ha reivindicado que “el sector es un firme defensor de la colaboración público-privada”, pero ha remarcado que para que esta colaboración sea posible “es necesario garantizar la viabilidad de los servicios que se prestan”.