CCOO se manifiesta contra la violencia en los centros de menores

CCOO ha analizado la situación en la que se encuentran los centros de protección de menores y de justicia juvenil en Andalucía, en los que trabajan unos 5.000 profesionales y los datos son realmente preocupantes. Según ha explicado el sindicato, el 80% de estos trabajadores y trabajadoras han sufrido algún tipo de agresión física o verbal aunque solo el 6% lo denuncia. En el caso de las educadoras, un 3% ha sufrido agresiones de tipo físico con tocamientos.

Ante esta situación, CCOO ha llevado a cabo hoy concentraciones en todas las provincias andaluzas para exigirle al Gobierno andaluz medidas inmediatas que a través de un refuerzo de personal, protocolos efectivos de seguridad, aplicación íntegra del quinto convenio colectivo y reconocimiento del plus de peligrosidad para los y las profesionales. “Estamos ante un servicio público esencial cuyo modelo de gestión privatizado no es efectivo”, argumenta el sindicato.

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha expuesto la situación en la que se encuentran los más de 240 centros de protección de menores y de justicia juvenil en Andalucía y los datos son realmente muy preocupantes. Según ha explicado la secretaria general de la federación, Marina Vega, “el 80% de las y los profesionales que trabajan en ellos ha sufrido algún tipo de agresión física o verbal, si bien solo el 6% de ha sido denunciada”.

En el caso de las profesionales educadoras se da el agravante, como ha explicado Antonio Toranzo, Educador Social y miembro del equipo de Acción Sindical de Justicia Juvenil de la federación, que “el 3% ha sufrido agresiones de tipo físico con tocamientos y un 18% ha sufrido comentarios de índole sexual”. Como ha señalado la Educadora Social y miembro del equipo de Acción Sindical de Protección de Menores de la federación, Rocío Lobo, “este tipo de actuaciones no son casos aislados, sino que se dan con bastante asiduidad, ya que se trata de niños que están muy dañados a nivel emocional y hay momentos de alta conflictividad”.

De hecho, CCOO señala que en los últimos meses ha habido siete agresiones físicas graves que han supuesto hospitalizaciones, fracturas y bajas de larga duración, por no hablar de los efectos psicológicos que tienen para los trabajadores y trabajadoras.
Situaciones, que, según apuntan los dirigentes “el Gobierno andaluz no está fiscalizando porque existe un observatorio de justicia juvenil que estudia la reincidencia, pero no las agresiones de los trabajadores y trabajadoras”.

Ante esta situación, Vega ha exigido al Ejecutivo andaluz medidas inmediatas a través de un nuevo pliego de contratación que contemple el refuerzo de personal, protocolos efectivos de seguridad, aplicación íntegra del quinto convenio colectivo, reconocimiento del plus de peligrosidad para estos y estas profesionales y garantizar su seguridad laboral. “Este modelo de gestión privatizado de un servicio esencial tiene dos víctimas, por un lado sus trabajadores y trabajadoras que desempeñan sus funciones en condiciones cada vez más inseguras y con dificultades; y por otro los y las menores que no reciben la atención ni la estabilidad y recursos que necesitan por parte del Gobierno de Andalucía”.

Por ello, el sindicato ha exigido una revisión urgente del modelo de privatización del Gobierno andaluz para estos centros exigiendo que prime la calidad por encima del precio. “Situaciones como las vividas en Badajoz con resultado de muerte o en Huelva, donde una educadora social fue brutalmente agredida se hubiesen podido evitar si hubiese al menos dos profesionales en cada turno”.

CCOO ha denunciado igualmente que no hay medidas de seguridad y tampoco existe un protocolo de agresiones. “En estos momentos hay abiertos varios procesos de licitación en distintos centros y no solo no se incrementan las plantillas, sino que están recortando personal”.

Ante esta situación, CCOO ha llevado a cabo este martes concentraciones en todas las provincias andaluzas para exigir al Gobierno andaluz un cambio de modelo en la gestión de estos centros y unas condiciones laborales dignas y seguras para sus trabajadores y trabajadoras.