Esta afirmación inicial tan contundente no es de cosecha propia. Lo reconoció el propio Consejo General del Poder Judicial, esto es, el órgano de gobierno de los jueces y tribunales según lo que define nuestra Constitución. Aunque la literatura empleada fue puro eufemismo, posiblemente para no indisponerse con nadie del estamento. La huelga –dijo textualmente- “carece, en el momento actual, de soporte normativo”.
Efectivamente, no existe en la legislación de este país una norma que reconozca y regule el derecho a la huelga de quienes son un Poder (con mayúsculas) del Estado, y no unos simples funcionarios. Estos últimos conocen –conocemos– el alcance y las limitaciones que supone el ejercicio de este derecho Fundamental; y por supuesto las repercusiones económicas que tiene sobre nuestro salario.
Pero no todo son restricciones, lógicas por otra parte, en algunos de sus derechos fundamentales. Los jueces y magistrados pertenecen a ese grupo de personas que gozan de algunos privilegios, como el aforamiento, que resultan intocables cuando ejercen esa potestad jurisdiccional que se les ha atribuido en exclusiva por mandato constitucional. Una enorme facultad que ponen en práctica, con plena autonomía, al resolver los litigios y los conflictos legales que se les plantean de manera cotidiana. Me refiero, en definitiva, a ese extraordinario poder (ahora con minúscula, pero igualmente efectivo) para decidir sobre la vida, la libertad y el patrimonio de las personas.
En contrapartida, quizás, pero indudablemente por expresa voluntad del constituyente, los miembros del poder judicial están “sometidos” al imperio de la ley (artículo 117 de la Constitución). No tienen atribuida ni comparten con el Parlamento ninguna función a la hora de elaborar y aprobar las leyes. Su obligación es acatar y aplicar esa misma ley que proviene de la voluntad de quienes son los legítimos representantes de la soberanía. Lo contrario sería hacerlos partícipes y co-titulares de esa misma soberanía popular; algo que no existe en ningún Estado democrático y constitucional de derecho.
Por eso no puedo compartir la decisión de una parte de los jueces de este país de intentar ejercer un derecho que no tienen, en términos constitucionales ni legales. Por su formación saben perfectamente, y así lo aplican de forma habitual y ordinaria, que todos, digo exactamente eso, “todos” los derechos fundamentales son derechos de configuración legal; es decir y para que se me entiendan quienes no son juristas, sólo se puede ejercer conforme a lo que se establece y reconoce una ley previamente. Ninguno, además, tiene carácter absoluto que autorice su ejercicio a costa de vulnerar los derechos fundamentales que tienen otros; tal y como ha quedado patente –a mi juicio– con la lesión que aquella huelga provocó en el derecho a tutela judicial efectiva (artículo 24) de los llamados “justiciables”, es decir, cualquiera de nosotros que tuviera pendiente un asunto en uno de esos juzgados a los que afectó la huelga.
Paradójico, en efecto, que se ejerza una huelga por una parte de la judicatura española, abanderando la defensa del “Estado de derecho”, cuando este mismo principio no se llegó a respetar por sus promotores y seguidores, que actuaron “al margen de la legalidad”, que por ahora no les ampara ni otorga ese derecho. Ni por supuesto tampoco sufrirán seguramente –un auténtico privilegio sin fundamento jurídico– la pérdida de una parte de su salario, lo que todos los demás trabajadores del Estado, y los que no los son, tienen que soportar cuando ejercen ese derecho fundamental.
Sinceramente me apena escribir estas líneas. Pertenezco a una familia de juristas donde ha habido y hay miembros de la judicatura de más de una generación; yo mismo lo fui como Magistrado Suplente de la Audiencia de Jaén. Algunos se declararon en huelga. Una familia amplia de licenciados en derecho, donde suelen ser frecuentes los debates sobre cuestiones jurídicas; pero siempre sosteniendo la crítica con la razón argumentativa, sin que ello implique renunciar a las posiciones ideológicas de cada uno. Por eso no entiendo entonces –la familia es sólo una versión micro de la creciente división que aqueja nuestra sociedad– actitudes demasiado viscerales que se alejan de las que como servidores públicos nos inculcaron nuestros mayores.
Creo, por último, que el problema reside y tiene su origen en esta polarización obsesiva y enfermiza contra el actual Gobierno desde que fue investido legítimamente por el Parlamento. El mismo que quizás debería impulsar alguna reforma legislativa para que en el futuro esos jueces y magistrados “no se tomen la justicia por su mano”.