El pleno aprueba cancelar la deuda de Aqualia y que invierta 4 millones

Todos los partidos representados en el pleno de la Corporación municipal han respaldado el acuerdo que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén ha alcanzado con Aqualia, la concesionaria del servicio de aguas de la ciudad, por el que la empresa acepta que el consistorio tiene la razón en el litigo que mantienen a raíz de las acciones legales emprendidas por el Gobierno de Julio Millán en el anterior mandato municipal. Un acuerdo que garantiza inversiones en infraestructuras hidráulicas en la ciudad, que da por terminado el proceso judicial y que supone una garantía de que no se subirá el precio del servicio ni las tasas a la ciudadanía en el actual ejercicio.

Una votación que el alcalde de la ciudad, Julio Millán, ha valorado que el asunto abordado hoy ha sido “uno de los puntos más importantes de los que se ha debatido recientemente en el pleno municipal” porque pon fin de manera definitiva una situación de grave perjuicio y de una pérdida económica millonaria para la ciudad”.

El primer edil ha valorado que “hemos pasado de una situación de millones de euros de pérdidas para este Ayuntamiento a recuperar 34 millones de euros para las arcas municipales y desbloquear actuaciones y obras importantes y demandadas por los vecinos y vecinas de la ciudad desde hace años”.

Por su parte, el Tercer Teniente de alcalde y concejal de Contratación, Francisco Lechuga, ha valorado que el acuerdo es fruto de “un esfuerzo ímprobo que se llevó a cabo en el mandato anterior que nos permitió reconocer desde el Ayuntamiento la situación de desajuste que se estaba produciendo desde hacía décadas para la ciudad provocando un grave perjuicio a las arcas municipales que hoy podemos dar por resuelto”.

Del acuerdo aprobado por unanimidad, Lechuga ha destacado que “nos permite contar con recursos para responder a las demandas que actualmente tiene nuestra ciudad de mejora del saneamiento: actuaciones y obras que son fundamentales para seguir ejecutando en todos los barrios y que, con este acuerdo, vamos a poder desarrollar en los años venideros”.

El concejal de Hacienda y Contratación ha anunciado, que las obras en base a este acuerdo ya están repartidas por diferentes zona de Jaén, “y es la muestra más palpable de que se da ya por terminada la vía judicial “dando la razón al Ayuntamiento tras las acciones emprendidas en el anterior mandato municipal, reconoce que había un desajuste en lo que este Ayuntamiento pagaba y pone a disposición recursos para atender las demandas de mejora de la red que nos vienen trasladando vecinos y vecinas de muchos barrios”.

Lechuga ha reconocido que el acuerdo de pleno da por finalizado a un periplo de cinco años en vía judicial, tras una sentencia a favor del Ayuntamiento, y supone “recuperar más de treinta millones para el Ayuntamiento y permite devolver el precio del agua al que le corresponde a esta ciudad, en torno a 1,8 euros el metro cúbico, por debajo de la media nacional, y bastante menos que los 2,3 euros el metro que pagaríamos ahora si no hubiéramos actuado”.

“Hablábamos al principio de este periplo de más de 60 millones de quebranto, aunque una parte de ese agravio era de difícil recorrido judicial; actuamos en el periodo en el que sí supimos que teníamos margen y ahora son más de cuatro millones de euros anuales los que vamos a poder desbloquear del canon de mejora de instalaciones a lo largo y ancho de la ciudad”.

Detalles concretos del acuerdo

Los detalles del acuerdo los ha relatado el Tercer Teniente de alcalde, Francisco Lechuga, quien ha aclarado que “hemos primado el interés general para llegar a un acuerdo que nos va a permitir dar por eliminada la deuda que teníamos con Aqualia por importe de 15,7 millones de euros, algo que teníamos reconocido en la sentencia de primera instancia, pero que iba a ser recurrido por la empresa, con el riesgo que eso conllevaba”. “Además, si no hubiéramos movido ficha en nuestro anterior mandato, estaríamos ahora hablando probablemente de otros 18,6 millones de déficit, porque los precios que le cobra cobraba la concesionaria al Ayuntamiento estaban muy por encima de la recaudación de las tarifas”.

El acuerdo alcanzado implica conceder una prórroga del contrato con Aqualia de cinco años adicionales “mientras que la ciudadanía consigue que no se reflejen subidas en el recibo del agua y se inviertan durante estos próximos siete años de vigencia de contrato un total de 25,5 millones en la renovación de las redes de abastecimiento y de saneamiento”.

Junto a esos logros, el acuerdo conlleva un traslado de las oficinas de atención de la empresa al centro de la ciudad, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, unas 50 familias de la ciudad, o la renovación de la flota de vehículos. Junto a ello, la empresa se compromete a incluir en sus actuaciones de patrocinio, “el arreglo y puesta en valor del Raudal de la Magdalena” con una intervención que el concejal ha cifrado en cerca de 300.000 euros. 

Grupo Popular

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha fijado su posición en el pleno extraordinario celebrado hoy en relación con dos asuntos de especial relevancia para la ciudad: el acuerdo con Aqualia y la situación de la sociedad municipal SOMUVISA.

En relación con el convenio con Aqualia, el concejal Vicente Oya ha anunciado el voto favorable del Grupo Popular, subrayando que se trata de una decisión adoptada “por responsabilidad y porque entendemos que es bueno para Jaén”.

Oya ha recordado que la vía del acuerdo siempre fue la postura defendida por el Partido Popular y que, de hecho, el documento que hoy se aprueba parte en gran medida del trabajo realizado durante el mandato de Agustín González. En ese periodo, el anterior equipo de gobierno apostó por actuar con prudencia, evitar la ruptura con la concesionaria y abrir una vía de negociación que permitiera aplicar las sentencias favorables al Ayuntamiento sin generar un nuevo conflicto judicial.

En ese contexto, según ha explicado, se llegó a elaborar un borrador de acuerdo muy similar al actual y se impulsó el Plan Director de Infraestructuras del ciclo integral del agua, prácticamente idéntico al que ahora se presenta. “Gracias al trabajo realizado no se quemaron los puentes con Aqualia y hoy podemos alcanzar una solución pactada, que es lo más razonable”, ha señalado.

El concejal popular también ha subrayado la contradicción política del PSOE en este asunto, recordando que cuando estaban en la oposición exigían romper con Aqualia y reclamar hasta 63 millones de euros, mientras que ahora defienden un acuerdo muy similar al que el anterior equipo de gobierno ya estaba negociando.

Por ello, el Grupo Popular ha insistido en que ejercerá una oposición responsable, apoyando aquellas decisiones que sean positivas para Jaén, pero vigilando de forma estricta el cumplimiento del convenio y la ejecución del Plan Director.

Por otra parte, durante el pleno también se ha abordado la situación de la sociedad municipal Somuvisa, donde el Grupo Popular ha votado en contra de la decisión planteada por el equipo de Gobierno de traspasar a un trabajador de la sociedad a la plantilla municipal.

La concejal Carmen Colmenero ha denunciado que el PSOE está llevando a cabo una “municipalización encubierta” a través de esta sociedad, tratando de mantener artificialmente una entidad que lleva años sin cumplir el objeto para el que fue creada: la promoción de vivienda social.

Colmenero ha explicado que Somuvisa apenas cuenta con ingresos propios suficientes para sostener su funcionamiento y que, pese a ello, el Ayuntamiento continúa asignándole competencias para justificar su existencia, como la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, por la que recibe unos 120.000 euros anuales.

A esta situación se suma ahora el pago de cerca de 74.000 euros anuales por los trabajos de un arqueólogo que pasará a prestar servicio en exclusiva para el Ayuntamiento pero cobrando a través de la sociedad municipal, ha explicado Colmenero, quien ha recordado que el anterior equipo de gobierno había planteado una liquidación ordenada de Somuvisa que permitía municipalizar los servicios y al personal con todas las garantías legales.