El PP acusa a Subdelegación de vulnerar los derechos de una concejal

El vicesecretario provincial de Acción Política, Miguel Contreras, afirma que se negó un permiso de trabajo a la concejala de Cazorla, Aránzazu Fernández

 El PP acusa a Subdelegación de vulnerar los derechos de una concejal

Foto: SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Fachada de la Subdelegación del Gobierno en Jaén.

El vicesecretario provincial de Acción Política y Comunicación del PP de Jaén, Miguel Contreras, ha criticado este domingo a la Subdelegación del Gobierno en la provincia jiennense por "vulneración de derechos" al "denegar" a la concejal del PP de Cazorla Aránzazu Fernández el permiso de trabajo para la asistencia a un pleno en el Ayuntamiento cazorleño.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Contreras ha explicado que la concejal popular, al amparo de lo establecido en el artículo 43.J) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, solicitó permiso por asistencia a un Pleno en el Ayuntamiento de Cazorla, que se celebró el pasado viernes día 25 de julio "y al que no pudo asistir porque claramente se vulneraron sus derechos".

En este sentido, Contreras afirma que en dicho artículo se señala que "los funcionarios públicos tendrán permiso por el tiempo indispensable para cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral".

Así, desde el PP han indicado que a ello se refirió la concejal al conocer que el viernes 25 tendría pleno en su Ayuntamiento y coincidirle con su jornada laboral como funcionaria de la Administración General del Estado. "Permiso que deniega el centro de trabajo por lo que decide acudir a la Subdelegación del Gobierno donde nuevamente se le deniega vulnerando claramente sus derechos", han argumentado desde el PP.

Por ello, el dirigente popular ha subrayado esta situación es "claramente una vulneración de derechos de la popular" puesto que, "si bien es cierto que el permiso puede ser denegado por necesidades del servicio, este debe ser justificado" pero, en su opinión, la Subdelegación del Gobierno "se limita únicamente a denegar el permiso".

"Nos preguntamos a qué obedece un incumplimiento tan grave y esperamos una explicación que aclare bien que no hay razones políticas detrás", ha dicho, toda vez que ha detallado que "para denegar el permiso solicitado por Fernández tendrían que haber demostrado y argumentado que la ausencia a su puesto de trabajo afecta gravemente al servicio y que no hay soluciones alternativas".

"No pueden justificar la denegación por motivos triviales ni puede ser una decisión arbitraria, debe basarse en criterios objetivos, lo cual no ha ocurrido. Porque la denegación del permiso se basa, según la resolución, por necesidades del servicio informadas por su centro de trabajo, algo que la Jurisprudencia ya ha reconocido que no es suficiente", ha remarcado el popular.

Por tanto, lo que ha hecho la Subdelegación del Gobierno de Jaén, a juicio de Contreras, "ha sido vulnerar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley de Aránzazu Fernández", por lo que desde el PP han exigido "una explicación clara" al subdelegado del Gobierno, Manuel Ángel Fernández Palomino, ya que "no puede poner la administración al servicio de los intereses partidistas del PSOE.

"Porque con la resolución negativa el señor Fernández Palomino está impidiendo que una concejal asista al Pleno de Cazorla, casualmente, y no pueda cumplir con las obligaciones que le encomendaron los vecinos en las elecciones. Es decir, ha impedido que represente a los cazorleños que libremente la votaron en mayo de 2023 sin darle ninguna explicación ni facilitarle ningún informe que lo justifique", ha remarcado el popular.

Al respecto, Contreras ha apostillado que estudiarán jurídicamente en profundidad el caso y plantearán en su caso un recurso en los Tribunales porque "lo que no vamos a permitir es que quienes deben garantizar que los representantes públicos cumplan con su labor de representación de los vecinos sean quienes pongan todo tipo de trabas para que una concejal pueda asistir a un pleno".