Las leyes educativas proclaman la inclusión. Las políticas educativas provocan exclusión.
Las leyes educativas proclaman la igualdad. Las políticas educativas provocan segregación.
Las leyes educativas contemplan la inversión. Las políticas educativas escatiman en gastos.
Uno de los ámbitos educativos que más sufre la falta de inclusión real, la falta de auténtica igualdad y la falta de suficiente inversión es el de las Necesidades Educativas (de Apoyo Educativo -NEAE- y Especiales -NEE-), un verdadero cajón de sastre, cuyo tratamiento es un puñetero desastre, lo cual provoca numerosos problemas y graves consecuencias.
Sé que es un asunto controvertido, producto de una cuestión mal planteada, peor enfocada y pésimamente aplicada, sobre todo, por la falta sistemática de los imprescindibles recursos humanos y materiales. Sé que, tras cuatro líneas, ya habrá quienes se hayan puesto a la defensiva (recelosos, sálvese quien pueda) y quienes estén sacando el arma para la ofensiva (supongo que se sentirán ofendidos, me da igual). A unos y otros les advierto de que sólo pretendo reflexionar sobre ciertas realidades en los centros educativos, así que no maten al mensajero; los problemas ya existían y nunca fueron resueltos adecuadamente (por ningún gobierno); ahora se han acrecentado y agudizado formando una intrincada maraña.
El primer compartimento desastre del cajón de sastre es el tratamiento de las Altas Capacidades Intelectuales, porque bajo ese membrete están mezclados sin orden ni concierto los talentos simples, los talentos múltiples, los talentos complejos y la superdotación, perfiles no siempre claramente definidos (hay distintas visiones y teorías) ni bien diagnosticados (hay múltiples sesgos), la mayor parte de las veces con sobrediagnósticos emitidos por gabinetes privados (previo pago de su importe), externos al sistema educativo, que casi nunca corrobora el dictamen ni lo cuestiona, simplemente lo adjunta y computa en Séneca y hala, que el profesorado (sin la adecuada formación) y los centros (sin los recursos suficientes) se apañen como puedan. Desgraciadamente, la mayor parte de las veces, dicho informe sufre un etiquetaje negativo, con una patologización de los comportamientos, y se convierte en un estigma que aboca al alumnado a la incomprensión y, muchas veces, al fracaso.
Sin embargo, lo peor del cajón de sastre es que las AACC estén revueltas con otras NEAE como los trastornos y dificultades de aprendizaje o el TDAH, pero sobre todo con las NEE, a las que restan recursos -incluso económicos- y tiempo, formándose una madeja inextricable de nudos gordianos. Siendo todas importantes, pienso que la atención a las NEE deberían ser prioritarias, sin embargo, últimamente nadie ordena el cajón. Crecen los diagnósticos (la sobreabundancia es evidente, cuando se podría afinar bastante) y aumenta la burocracia, aunque siguen faltando (repito) recursos materiales y humanos, hecho denunciado por distintas asociaciones y algunos sindicatos. Además, por si fuera poco, dentro del cajón también aparece el alumnado (normalmente migrante) de incorporación tardía que, si bien remedia el problema demográfico y aporta riqueza y diversidad sociocultural, también consume parte de los pocos recursos disponibles.
Cada vez es más la mies y menos los obreros. En los centros educativos falta personal de Orientación, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje o Integración Social, tanto para el diagnóstico como para la intervención y el correcto tratamiento, así como aulas ATAL (Aulas Temporales de Adaptación Lingüística). Cuando hablamos de centros educativos, hablamos de centros públicos, que son los que absorben y asumen la mayor parte del alumnado con necesidades educativas. Las diferencias con los centros. Privados y concertados son escandalosas y lamentables, sólo hay que comprobarlo en las tablas estadísticas de los datos definitivos de cada curso, publicadas por las Consejerías y el Ministerio. España sigue siendo uno de los países de la OCDE con mayor segregación escolar, esa forma de discriminación y exclusión social subrepticia (hay estudios que hablan incluso de apartheid educativo, de hecho hay centros gueto, cuyo eufemismo es “de difícil desempeño”).
Según el último informe PISA, en España, el porcentaje de menores en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado un 4% (ya alcanza un 34% del total), con su correspondiente repercusión en el rendimiento tanto en el desfase curricular como en la tasa de abandono escolar temprano, que en el caso de alumnado extranjero se ha triplicado en los últimos años.
Si este texto fuese inductivo, terminaría con la idea de que el sistema educativo adolece de una verdadera mirada inclusiva y de un compromiso inequívoco y que desgraciadamente no bastan el voluntarismo ni las buenas palabras.
Si tuviese una estructura encuadrada, retomaría la idea del principio, esto es, que las leyes contemplan y amparan un montón de medidas para compensar la desigualdad y que los distintos gobiernos se han jactado de articular múltiples actuaciones y de invertir más que los anteriores y más que nunca; sin embargo, el problema sigue ahí enquistado porque es de raíz. Con esta nueva tesis, el texto se volvería deductivo, ya que habría que explicar que el origen de esa desigualdad proviene de la doble (casi triple) red escolar española, resultado del forzado equilibrio en la redacción del artículo 27 de la Constitución Española y que se ha mantenido desde 1985. Ninguna de las múltiples reformas educativas (y mira que ha habido) ha conseguido adaptarse a los cambios socioculturales ni erradicar dicha desigualdad, tan sólo paliarla en mayor o menor medida, debido a lo cual el problema se ha ido acentuando y agravando progresivamente. Actualmente ya no sólo afecta sobremanera a las etapas obligatorias, sino que también se ha instaurado de manera radical en las enseñanzas superiores, es decir, en bachillerato, en formación profesional y en la universidad.
Leía el otro día en Koljós, la magnífica novela de Emmanuel Carrère, este párrafo: Françoise Sagan dijo una vez que la diferencia entre la derecha y la izquierda es que la derecha dice: “Hay injusticia, y es inevitable”, y la izquierda: “Hay injusticia, y es insoportable”. No sé si la desigualdad en la educación es inevitable, pero la verdad es que empieza a ser insoportable. Aunque me eduqué y vivo en un entorno privilegiado, he trabajado veintidós años en centros de atención educativa preferente o de difícil desempeño y puedo constatar que la injusticia es sistémica y sistemática, casi inevitable, producto del capitalismo salvaje y de la progresiva visión economicista de la educación. Ahora bien, se soporta gracias a la labor encomiable de los docentes que, haciendo de tripas corazón, suplen con profesionalidad y humanidad las carencias del sistema y la inoperatividad de las políticas.