Desde hace quince años se ha puesto el foco exclusivamente en la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para abordar el vergonzoso retraso de la puesta en marcha del tranvía de Jaén, uno de los primeros que se construyó (en tiempo récord) en Andalucía, allá por el año 2011.
Sin embargo, la demora, para ser justos (si es que en este asunto cabe), tiene demasiados culpables. Ahora que la mesa de contratación de la Junta ha desestimado el recurso de la empresa ALSA, que no presentó toda la documentación requerida en tiempo y forma dentro del proceso de adjudicación, tal y como requiere la ley, es razonable cuestionar también la responsabilidad de esta UTE en un proceso del tal calado, máxime, cuando se trata de una sociedad más que acostumbrada a bregar con estas licitaciones (no olvidemos que entre ella y AVANZA, que quedó segunda y que ahora ha sido llamada para ser adjudicataria, tienen repartidas las mayoría de las concesiones de transporte urbano en nuestro país). Alguna responsabilidad tendrá también quien haya estado al frente del proceso administrativo, algo que supongo tendrán en cuenta en la dirección nacional.
Ya tenemos un culpable, además de los habituales, en la demora, sea corta o larga a partir de la suspensión de la adjudicación provisional. Pero hay tantos…
Allá por 2011 hay que señalar a la empresa Castillo, concesionaria entonces del servicio de autobús urbano, que denunció el proceso de pruebas con viajeros como competencia desleal a un servicio público, también, subvencionado para corregir el déficit, porque no se cobraba billete. Y no se cobraba porque en pruebas no puede hacerse y fuimos el primer sistema tranviario que descarriló por semejante argumento. El juez José María Cañada Clé emitió un auto mediante el que suspendía de forma cautelarísima la gratuidad del tranvía.
No hubo tiempo para más. Llegaron las elecciones municipales y el PSOE, artífice desde el Ayuntamiento y la Junta de la implantación del tranvía, perdió la Alcaldía, a la que llegó el presidente del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, firme detractor de su puesta en marcha porque consideraba que era una ruina (menor que la televisión municipal o que las facturas de cloro que derivaron en el caso Matinsreg). Con la mayoría absoluta más amplia de la democracia en la capital, dieciséis concejales, llegó a entregar las llaves del tranvía en San Telmo, después de descartar la oferta realizada por Ferrocarriles de Cataluña para explotarlo, que propuso una amplia horquilla del coste que no se conoció hasta tiempo después.
Más culpables. La llegada de Javier Márquez (PP) a la Alcaldía impulsó la puesta en marcha del tranvía y cuando, después de innumerables reuniones y tiras y aflojas entre Ayuntamiento y Junta y con la entrada en juego de la Diputación Provincial, también gobernada por el PSOE, parecía haberse alcanzado un acuerdo, llegó el consejero de Fomento Felipe López, y otra vez a pocas semanas de una nueva cita electoral (esta vez regional) se sacó de la manga que el pago de los vagones no entraba dentro del acuerdo del pago del déficit entre las administraciones y que debía de ser el Ayuntamiento quien lo asumiera íntegramente. Flaco favor le hizo también el señor López al tranvía.
La culpa que tiende al infinito se completa con la tibieza de la sociedad jiennense y de la mayoría de entidades, asociaciones e instituciones (llámese Confederación de Empresarios y otras asociaciones empresariales y de profesionales, consejos económicos y sociales, fundaciones estratégicas, Cámara de Comercio antes de desaparecer, Universidad, movimientos vecinales, colegios profesionales y medios de comunicación) que han provocado que nadie haya sentido la presión social para acelerar un proceso plagado de testigos de cargo a la fuga.