Hace tiempo que tengo la sensación —quizá equivocada, quizá no— de que en España se está preparando algo más que un simple debate sobre el regreso de Juan Carlos I. La cuestión no es solo si el rey emérito vuelve o no vuelve. La cuestión es por qué vuelve a hablarse de ello ahora y, sobre todo, quién tiene interés en normalizarlo.
Cuando uno junta varias piezas aparentemente inconexas empieza a dibujarse un patrón.
En febrero, el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pidió sin rodeos el “regreso definitivo” del emérito. Lo hizo apelando al viejo relato fundacional: el del monarca que trajo la democracia y que merece cerrar su vida en su país pese a haber cometido errores.
Poco después, El Mundo publicó que ya existe un plan logístico y legal para facilitar esa vuelta: residencia alterna en Sanxenxo, seguridad sufragada por Patrimonio Nacional y un marco discreto de convivencia institucional que evite fricciones públicas.
Y casi al mismo tiempo llegó la llamada desclasificación de documentos del 23-F, presentada como una gran apertura histórica pero que en realidad ha servido más para reforzar el relato tradicional del rey salvador que para aclarar las zonas oscuras de aquel episodio.
Tomadas por separado, estas noticias podrían parecer anecdóticas. Juntas empiezan a sugerir algo distinto: un movimiento de normalización.
No necesariamente una conspiración —España rara vez es tan sofisticada—, pero sí una operación política y cultural que busca reintegrar al emérito en el paisaje institucional. Y aquí es donde conviene ampliar el foco.
Porque quizá la cuestión no sea Juan Carlos I. Quizá la cuestión sea el sistema político español y su instinto de autoprotección.
Las democracias, como cualquier sistema complejo, desarrollan mecanismos de defensa cuando perciben que entran en una fase de incertidumbre. No hace falta que nadie se reúna en una sala llena de humo para planearlo. Basta con que distintas élites —políticas, mediáticas, económicas— compartan una misma intuición: que vienen tiempos complicados y que conviene reforzar los pilares del edificio.
Europa atraviesa una etapa de turbulencias geopolíticas, tensiones económicas y una polarización política creciente. España no es una excepción. Y cuando los sistemas políticos perciben ese tipo de clima tienden a reforzar sus instituciones de continuidad.
En el caso español, esa institución es la monarquía.
La Corona no es solo una figura ceremonial. Es también uno de los elementos que conectan la arquitectura política actual con el final del franquismo y el nacimiento del régimen constitucional. Durante décadas, la monarquía ha funcionado como símbolo de estabilidad, continuidad y arbitraje institucional.
Por eso la figura de Felipe VI sigue siendo central incluso para sectores que no son especialmente monárquicos pero sí profundamente institucionalistas. Dicho de otra manera: hay muchos españoles que no son monárquicos por convicción, pero sí por prudencia.
Pero toda institución tiene puntos débiles. Y en la monarquía borbónica contemporánea ese punto débil es evidente: el propio rey emérito.
Los escándalos financieros que han rodeado a Juan Carlos I durante la última década no son rumores ni exageraciones. Están documentados: fundaciones opacas como Lucum o Zagatka, transferencias millonarias a cuentas extranjeras, regularizaciones fiscales tardías y presuntas comisiones vinculadas a grandes contratos internacionales.
La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las investigaciones en 2022 por razones jurídicas claras: inviolabilidad constitucional durante su reinado, prescripción de posibles delitos y regularizaciones fiscales posteriores.
Pero una cosa es la imposibilidad de juzgar penalmente unos hechos y otra muy distinta que esos hechos desaparezcan de la memoria pública.
Por eso el regreso del emérito es una cuestión políticamente delicada. Porque cada intento de rehabilitación reabre inevitablemente el mismo debate.
En términos de comunicación política, la situación tiene algo de paradójico. Intentar cerrar el episodio del emérito se parece bastante a intentar apagar un incendio avivando las brasas.
Y sin embargo, hay otra forma de mirar el problema.
Precisamente porque el emérito es el punto débil de la institución, integrarlo —aunque sea parcialmente— puede ser también una forma de neutralizarlo. No de absolverlo, pero sí de absorberlo dentro de la normalidad institucional.
En política, a veces se combate un problema no negándolo sino asimilándolo.
Si el emérito permanece en Abu Dabi como una figura a medio camino entre el exilio y la jubilación dorada, su caso sigue siendo una anomalía permanente, una pregunta incómoda suspendida sobre la institución.
Si vuelve —aunque sea discretamente— el sistema puede intentar convertirlo en otra cosa: un anciano con sombras en su biografía, sí, pero integrado dentro del paisaje institucional del país.
Es decir, transformar un problema político en una imperfección humana.
No sería la primera vez que ocurre. Las democracias occidentales están llenas de episodios en los que las instituciones han preferido gestionar las contradicciones antes que abrir debates que pudieran poner en cuestión el edificio entero.
Y aquí aparece una cuestión que trasciende el debate monarquía-república.
La pregunta de fondo es hasta qué punto los sistemas democráticos son capaces de mirarse críticamente a sí mismos sin activar inmediatamente sus mecanismos de autoprotección.
Porque todo sistema político necesita estabilidad. Pero también necesita credibilidad.
Y esa credibilidad no se construye ocultando los problemas ni reescribiendo la historia, sino afrontándolos con una cierta honestidad institucional.
Dicho de otra manera: la estabilidad no debería confundirse nunca con la amnesia.
España ha demostrado muchas veces una notable capacidad para convivir con sus propias contradicciones. Quizá por eso la monarquía ha sobrevivido durante décadas con niveles de aceptación razonables incluso entre ciudadanos que no se consideran monárquicos.
Pero esa aceptación siempre ha descansado en una idea implícita: que la institución servía al país más de lo que el país servía a la institución.
El intento de normalizar el regreso del emérito pone a prueba precisamente esa percepción. Porque al final hay algo profundamente irónico en todo esto.
Durante años se nos explicó que la monarquía garantizaba la estabilidad del sistema. Y puede que sea verdad.
Lo que ahora empezamos a descubrir es algo ligeramente distinto: que quizá sea el sistema el que necesita garantizar la estabilidad de la monarquía.
Y eso plantea una pregunta incómoda.
Si una institución necesita ser protegida con tanto cuidado, gestionada con tanta delicadeza y rodeada de tanto silencio, quizá el problema no sea solo esa institución, sino las debilidades del propio sistema que la sostiene.
España se define como una democracia consolidada. Y en muchos aspectos lo es. Pero también es un sistema político con zonas de opacidad heredadas de su origen histórico: un poder judicial poco permeable a la rendición de cuentas, una cultura política muy tolerante con la confusión entre lo público y lo privado, y una arquitectura institucional en la que ciertas figuras quedan protegidas por capas de inmunidad política, jurídica y simbólica.
Durante décadas la monarquía ha funcionado como una especie de bóveda narrativa que cubría esas contradicciones. Mientras el relato del rey que trajo la democracia se mantuvo intacto, muchas de las tensiones del sistema podían permanecer en segundo plano.
El problema es que los relatos políticos, como las instituciones, también envejecen.
Y cuando empiezan a aparecer grietas —escándalos financieros, regularizaciones fiscales, fundaciones opacas— lo que se resquebraja no es solo la imagen de una persona, sino la historia tranquilizadora que durante años sirvió para explicar el propio régimen.
Por eso la tentación de cerrar filas alrededor de la institución es comprensible. Los sistemas políticos tienden a protegerse a sí mismos. Pero protegerse no debería significar evitar las preguntas.
Al contrario: en una democracia madura las preguntas incómodas son precisamente el mecanismo que permite que las instituciones evolucionen.
La cuestión de fondo, por tanto, no es si Juan Carlos I debe volver a navegar por la ría de Pontevedra ni cuántas veces al año debería aparecer en público.
La cuestión es otra.
Si España quiere seguir siendo una democracia sólida en las próximas décadas, tendrá que decidir si su estabilidad institucional depende de preservar ciertos silencios heredados… o de profundizar de verdad en su calidad democrática.
Eso implica más transparencia, más rendición de cuentas y menos espacios de inmunidad política que sobreviven por tradición más que por convicción democrática.
No se trata necesariamente de abrir una guerra simbólica entre monarquía y república; ese es el siguiente paso. Se trata de algo más sencillo —y más exigente—: que ninguna institución del Estado necesite ser protegida de los ciudadanos para poder seguir existiendo.
Porque cuando una democracia necesita proteger demasiado a sus instituciones, suele ser señal de que lo que realmente necesita proteger es otra cosa. Lo que es realmente y lo que pretende ser. Es decir, su propio relato.