Confieso que hay algo de la política española actual que no termino de entender. O quizá sí lo entiendo, pero me resisto a aceptarlo porque obliga a mirar la realidad de una forma bastante menos cómoda de lo que solemos hacer.
Llevamos meses asistiendo a una cascada de escándalos, investigaciones, filtraciones, grabaciones, acusaciones y sospechas alrededor del PSOE. Algunas afectan a comportamientos que, de demostrarse, serían muy graves. Otras se mueven en terrenos más ambiguos. Pero todas parecen contribuir a una sensación general: la de que el sistema político español se encuentra ante una especie de crisis moral definitiva.
Sin embargo, cada vez que escucho ese discurso me asalta una pregunta incómoda. ¿De verdad el problema es la corrupción?
No me refiero a si la corrupción existe. Claro que existe. Sería absurdo negarlo. La corrupción ha acompañado a la democracia española prácticamente desde su nacimiento. Ha aparecido en gobiernos de izquierdas y de derechas, en administraciones centrales, autonómicas y locales, en grandes partidos y en pequeños partidos, en instituciones públicas y privadas. Lo extraño no es que exista corrupción.
Lo extraño es que unas corrupciones parezcan capaces de poner en cuestión gobiernos enteros mientras otras se convierten en simples accidentes del paisaje. Porque si algo demuestra la historia reciente de España es que la gravedad objetiva de un escándalo no siempre guarda relación con el daño político o económico que provoca.
Hemos visto tramas de financiación ilegal, comisiones, redes clientelares, utilización partidista de instituciones, puertas giratorias, operaciones policiales dudosas, guerras internas de los aparatos del Estado e incluso episodios que afectaron a la propia Corona. Y, sin embargo, la intensidad de la respuesta pública nunca ha sido la misma.
Por eso sospecho que la corrupción explica una parte de lo que está ocurriendo, pero no toda. Quizá el verdadero asunto sea otro.
Quizá la cuestión no sea quién se corrompe, sino quién deja de ser protegido cuando lo hace. Y para entender eso hay que abandonar una de las grandes ficciones de la política contemporánea: la idea de que el Estado es simplemente el gobierno de turno.
No lo es. Los gobiernos pasan. Los Estados permanecen.
Un Estado moderno está formado por mucho más que los ministros que aparecen en televisión. Está compuesto por altas burocracias, cuerpos policiales, judicaturas, servicios de inteligencia, grandes grupos económicos, redes financieras, medios de comunicación, instituciones internacionales y culturas administrativas que sobreviven durante décadas a cualquier resultado electoral.
Los ciudadanos elegimos gobiernos. Las estructuras profundas permanecen. Y esas estructuras desarrollan intereses, inercias, afinidades culturales y mecanismos de autoprotección propios.
Esto no es una teoría conspirativa. Es una constatación histórica. Ocurre en España, en Francia, en Alemania y en Estados Unidos. La política real siempre es más compleja que la que aparece en los debates televisivos.
Durante muchos años, el PSOE fue una pieza fundamental de esa arquitectura. De hecho, probablemente fue mucho más que un simple partido político. Era el “partido de la democracia”.
El PSOE de Felipe González ayudó a construir la España que conocemos hoy. Integró al país en Europa, consolidó la OTAN, estabilizó la democracia, modernizó instituciones y logró algo que muchas veces olvidamos: incorporar a una izquierda que durante décadas había sido antisistema a un sistema que acababa de nacer. Aquella fue una operación histórica de enorme envergadura, en la que también participó parte del Estado. Y no sólo el Estado Español.
Y por eso el PSOE no era percibido como un actor externo al Estado. Era una de sus columnas principales. Sin embargo, hay un detalle importante que solemos pasar por alto cuando hablamos de la Transición. La Transición cambió el régimen político, pero no sustituyó completamente a las élites que gestionaban el país.
Muchas estructuras económicas, judiciales, administrativas y mediáticas procedían del franquismo tardío. No necesariamente porque siguieran siendo franquistas décadas después, sino porque compartían una determinada cultura política: conservadora, jerárquica, centralista, occidentalista y profundamente orientada hacia la estabilidad.
Lo extraordinario de los años ochenta no fue que esas élites se hicieran progresistas. Lo extraordinario fue que aceptaran convivir cómodamente con un PSOE que garantizaba precisamente aquello que más valoraban: estabilidad. El PSOE resultaba útil. Modernizaba el país sin romperlo. Integraba a la izquierda, la propia, la sindical y la alternativa, sin cuestionar los fundamentos económicos del sistema. Europeizaba España sin alterar los equilibrios esenciales del poder.
Pero los actores políticos no son imprescindibles para siempre. Y quizá ahí se encuentra una de las claves de nuestra historia reciente. Siempre se ha dicho que la llegada de Aznar representó una derechización de determinadas élites españolas. Yo no estoy tan seguro.
Tal vez ocurrió algo más sencillo. Tal vez muchas de esas élites simplemente encontraron por primera vez una derecha moderna, homologable y competitiva electoralmente con la que se sentían más identificadas de forma natural.
Eso explicaría por qué la relación entre una parte importante del aparato estatal y el PSOE comenzó a deteriorarse mucho antes de la llegada de Pedro Sánchez. De hecho, ya ocurrió algo parecido en los últimos años de Felipe González., desde 1993 a 1996.
Quienes vivieron la política española de esos años recordarán perfectamente aquel clima. Portadas diarias. Escándalos permanentes. Filtraciones continuas. Jueces convertidos en protagonistas políticos. Sensación de agotamiento moral. Ofensiva mediática constante. ¿Les suena? Aquella época de González fue muy parecida a lo que ahora vemos con Sánchez, aunque sea el mismísimo Felipe quien ahora parezca haberla olvidado
Hubo casos de corrupción gravísimos. Nadie debería negarlo. Aún recordamos Filesa y alguno más, por no hablar de los GAL, Luis Roldán, etc. Pero también es cierto que años después aparecieron escándalos de dimensiones gigantescas en otros partidos sin producir exactamente la misma sensación de ruptura histórica.
Quizá porque el problema no era únicamente la corrupción. Quizá parte del poder español había decidido que el ciclo político del felipismo había terminado. Y cuando eso sucede, muchas protecciones informales desaparecen.
No hace falta una conspiración. Ni una sala oscura donde alguien tome decisiones secretas. Basta con que distintos sectores compartan una misma percepción sobre quién resulta funcional para el sistema, quien es útil y quién ha dejado de serlo.
Lo interesante es que algo parecido parece estar ocurriendo hoy.
La crisis económica de 2008 destruyó muchos de los consensos que habían sostenido la democracia española durante décadas. Desapareció el bipartidismo estable. Aumentó la precariedad. Creció la desconfianza institucional. Se agravó el conflicto territorial. Y el viejo equilibrio político comenzó a resquebrajarse.
El PSOE actual sigue siendo un partido plenamente sistémico. No estamos hablando de una fuerza revolucionaria ni antisistema. Pero sí ha dejado de comportarse como el administrador dócil y previsible que buena parte del establishment esperaba.
Los pactos con fuerzas plurinacionales, las alianzas con partidos situados a su izquierda o determinadas políticas simbólicas han generado incomodidad en sectores muy influyentes del Estado y de la sociedad española.
También ha ocurrido algo parecido en política internacional. Durante décadas existió un consenso bastante sólido sobre el papel de España en el mundo: Unión Europea, OTAN, alineamiento occidental y previsibilidad diplomática. El propio PSOE fue uno de los grandes arquitectos de ese consenso.
Por eso resulta significativo que algunas de las mayores tensiones recientes hayan surgido precisamente cuando determinados sectores han percibido desviaciones respecto a ese marco, ya sea en relación con Oriente Medio, y con Israel concretamente, con ciertos posicionamientos internacionales o con la influencia de fuerzas menos atlantistas en la mayoría parlamentaria.
No porque España haya roto realmente con esos consensos. No lo ha hecho. Pero en política, muchas veces la percepción importa tanto como la realidad.
Y llegamos así a uno de los episodios más reveladores de los últimos tiempos: la polémica en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. No porque Zapatero sea necesariamente inocente o culpable de nada concreto. Eso corresponde determinarlo donde corresponda y no voy a defender precisamente al presidente de la crisis y los recortes sociales, nada ejemplar por cierto para la izquierda.
Lo interesante es otra cosa. Lo llamativo es que de repente parezca escandalizarnos que un expresidente ejerza influencia, medie, facilite contactos o mantenga relaciones con grandes actores económicos e institucionales. ¿A qué se dedican si no Aznar o González?
¿Desde cuándo eso es una anomalía? Las puertas giratorias son criticables. El lobby es discutible. La influencia de los grandes intereses económicos sobre la política plantea enormes problemas democráticos. Estoy de acuerdo.
Pero precisamente por eso resulta extraño descubrir ahora una indignación selectiva ante prácticas que forman parte del funcionamiento cotidiano de prácticamente todas las democracias occidentales. Y ahí aparece la pregunta que llevo haciéndome desde el principio.
¿Por qué algunas corrupciones importan tanto y otras tan poco? ¿Por qué algunos comportamientos generan escándalos históricos mientras otros son absorbidos por el sistema con sorprendente facilidad? Quizá porque la política real no funciona únicamente mediante leyes. También funciona mediante silencios. Mediante consensos. Mediante afinidades. Mediante relaciones de confianza.
Y mediante mecanismos informales de protección que rara vez aparecen escritos en ninguna parte. Por eso sospecho que la crisis actual del PSOE no puede entenderse únicamente como una crisis de corrupción. La corrupción existe. Y debe investigarse. Pero la magnitud de la reacción probablemente nos está hablando de algo más profundo.
Nos habla de un partido que durante décadas fue una pieza esencial del régimen político nacido de la Transición y que quizá está descubriendo que ya no ocupa exactamente el mismo lugar dentro de las estructuras profundas del poder español. Para recuperarlo tendrá que cambiar de representantes y socios, de posicionamientos y discursos.
El PSOE sabe bien, porque ya lo vivió en los 90, que cuando un actor deja de ser considerado imprescindible, muchas prácticas que antes pasaban desapercibidas dejan de hacerlo. Porque al final, en política, las corrupciones que más daño hacen no siempre son las más grandes.
A veces son simplemente las que afectan a quienes han dejado de contar con la protección del sistema.