Menuda se ha montado con eso de la “prioridad nacional”, un concepto sobre el que, tarde o temprano, tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional, porque desprende un claro olor a discriminación. En realidad, no es nada nuevo en la tradición de la derecha española. Durante siglos —del XV al XVII— se exigía demostrar la condición de “cristiano viejo”, acreditar una ascendencia sin mezcla judía o musulmana, para acceder a determinados privilegios, cargos públicos o posiciones en la Iglesia.
En el siglo pasado la discriminación fue aún más evidente: volvió a recaer, como siempre, sobre los pobres. Los mismos de siempre: los explotados. La figura del señorito andaluz está íntimamente ligada a esa historia de abusos y desigualdades. En el fondo, lo que ocurría entonces y lo que ocurre ahora responde al mismo patrón: pura aporofobia, rechazo al pobre. Da igual si son descendientes de judíos, musulmanes, jornaleros o migrantes africanos. Se les quiere para recoger la aceituna, cuidar a nuestros mayores o limpiar las casas, pero molestan cuando son visibles, cuando ocupan el espacio público, cuando dejan de ser invisibles.
El problema se agrava cuando a la derecha tradicional se le suma una legión de los que venimos llamando “facha-pobres”, tiesos con ínfulas, que hacen de altavoz y ejecutores. Son nuevos votantes de PP y Vox: trabajadores precarios, asalariados con aspiraciones de élite, que confunden símbolos con estatus. Se creen privilegiados por llevar una bandera en la muñeca, pagar un seguro privado de 30 euros que apenas cubre nada o llevar a sus hijos a un colegio concertado. Todo ello envuelto en una estética de “pijo low cost”.
Ya que hablamos de “prioridad nacional”, se podrían plantear propuestas que no impliquen discriminar a nadie, medidas que, en teoría, encajarían con valores patrióticos, solidarios e incluso cristianos:
Prioridad nacional para defender los servicios públicos y evitar que sean desmantelados o vendidos a intereses privados, muchos de ellos extranjeros o fondos de inversión. Prioridad nacional para perseguir el fraude fiscal de quienes tributan fuera mientras se benefician de lo común.
Prioridad nacional para garantizar el acceso a la vivienda frente a la especulación. Prioridad nacional para asegurar la soberanía económica en sectores estratégicos, como el que nos facilitan las energías renovables. Prioridad nacional para recuperar la soberanía plena de nuestro territorio, bases extranjeras fuera.
En definitiva, nada nuevo bajo el sol. Solo crece el número de quienes, aun perteneciendo a las clases trabajadoras, actúan contra sus propios intereses, desertores de clase envueltos en símbolos y discursos que poco tienen que ver con su realidad cotidiana.
Salud.