El derecho de manifestación es, junto al derecho de huelga, una de las mayores herramientas de conquista social y laboral en este país, y ha contribuido a afianzar la democracia hasta el punto de que cualquier nuevo desarrollo o avance social lo veamos con la más absoluta normalidad.
Es un instrumento de participación que tiene en su ejercicio el mayor componente político al que puede recurrir la ciudadanía para mostrar aceptación o rechazo a las líneas de gobierno que se ponen en marcha durante cada legislatura.
Durante mucho tiempo, quienes salíamos a la calle lo hacíamos para reivindicar derechos o para defender los ya conquistados ante cualquier amenaza, y no han sido pocas.
Sin embargo, en los últimos años, de manera especial desde 2023, han proliferado las manifestaciones que solo buscan la deslegitimación constante del actual Gobierno, cuestionando su legitimidad democrática, que es tanto como cuestionar la propia democracia.
Resulta vergonzoso que la derecha y la ultraderecha utilicen este derecho, contra el que estuvieron radicalmente en contra mientras nos gobernaba la dictadura (salir a la calle era jugártela), para alimentar un clima de confrontación permanente que, afortunadamente, no existe en la sociedad actual.
Ver a quienes defienden la figura y el papel del dictador manifestándose es una de las cosas más extrañas a las que puede asistir cualquier persona que haya vivido en este país lo suficiente como para recordar de dónde venimos.
Es verdad que la democracia no consiste solo en votar; requiere también un ejercicio de aceptación de la opinión de la mayoría, y eso no es fácil, sobre todo cuando la mayoría no coincide con tus planteamientos. Pero justo eso es lo que la fortalece y la engrandece.
Cuando no es así, estamos abocados a la movilización permanente, desvirtuando la esencia misma del sistema parlamentario. No podemos votar un día y estar en la calle al día siguiente porque no aceptamos el resultado.
Con todo, no tiene nada que ver el derecho de manifestación de quienes están los domingos, después de misa, increpando a Pedro Sánchez, con las legítimas, necesarias y posiblemente tardías reivindicaciones del profesorado en varias comunidades de este país.
Que quienes tienen el encargo de formar al presente y al futuro de nuestra sociedad tengan que ser también la última línea de defensa de la enseñanza pública no es el mejor indicador de nuestra calidad democrática. Pero, si así debe ser, así será, y eso no hay nadie que lo pueda parar, por muchos descerebrados que empujen a quienes se echan a la calle para defender, como nadie, nuestro futuro.
