Abierto por derribo

Manuel Madrid Delgado

Hablar (II)

Segundo de los tres artículos de Manuel Madrid sobre las jornadas "La guerra que todos perdimos" suspendidas después de que Uclés y otros declinaran participar

Posiblemente nada de esto estaría pasando si no se hubieran confundido, intencionadamente, la memoria —ejercicio subjetivo y legítimamente emocional— y la Historia, que debe ser un análisis riguroso y descarnado de los hechos, que nunca son blancos o negros. La decisión de no debatir sobre la Guerra Civil con visiones divergentes es, en el fondo, un miedo a que la Historia, con su complejidad de grises, dinamite la pureza de una memoria construida como refugio moral. La memoria consuela y, si está atravesada por el dolor, exige justa reparación; la Historia siempre incomoda, porque sólo desde esa incomodidad es posible que las heridas cicatricen y se construya el futuro.

Los archivos están llenos de imágenes que nos dicen la importancia del diálogo entre personas que piensan y sienten de manera radicalmente opuesta. Pienso en la famosísima fotografía de Pasolini hablando con Ezra Pound. Pienso, más cercanas a nosotros, en las fotografías de Suárez y Carrillo fumando juntos, en las de Fraga y Carillos riendo en una conferencia, en las de Dolores Ibárruri y Suárez saludándose en el Congreso, en las de Cristina Almedia y Blas Piñar compartiendo conferencia, en la de Alberti y Pemán estrechando las manos que escribieron versos tan opuestos. Carrillo o “La Pasionaria” o Pemán o Alberti, cargaban con el peso de unas biografías atravesadas por la guerra y Suárez era heredero directo de las estructuras del régimen construido sobre la victoria: pero todos comprendieron que la legitimidad de la España nueva no se podía obtener mediante el aislamiento sino mediante el reconocimiento del adversario. Por eso, para la izquierda regresada del exilio, hablar con los políticos de la dictadura no fue blanquear el franquismo sino reconocer que el diálogo y la concordia eran la única vía para hacer legar la esperanza de una clase trabajadora que llevaba décadas en la sombra; y para Suárez, pactar con el líder del Partido Comunista no era una traición sino el reconocimiento de que no había otra manera de conseguir que España dejara de ser en Europa un anacronismo burlesco y sangriento. Estas imágenes de personas confrontando sus abismos no son testimonios de rendición, sino manifestaciones de una voluntad política superior.

Reivindicar el valor del diálogo no es ser equidistante: la equidistancia es una cobardía moral y la dialéctica, en cambio, es una forma de lucha. ¿Qué futuro van a construir los que quieren vivir encerrados en el castillo inexpugnable de sus convicciones? Mucho mejor será que construyan el futuro los que tengan la altura moral y la valentía intelectual de habitar la palabra ajena para, desde allí, reconstruir el mundo.



Cuando se renuncia a la palabra y a la dialéctica, que es el enfrentamiento de ideas a través de la palabra, cuando uno se borra del debate, en el fondo está reconociendo que carece de las herramientas necesarias para desmontar el argumento ajeno frente a un público que escucha. La izquierda ilustrada —que en esas jornadas estaba representada por historiadores e intelectuales de la talla de Enrique Moradiellos o Juan Pablo Fusi— no debe temer a la verdad histórica, incluso cuando esta resulta incómoda. Defender la legalidad de la Segunda República no implica canonizarla ni convertirla en un fetiche histórico ni ignorar las profundas deficiencias democráticas que lastraron su desarrollo —primer déficit: la propia Constitución de 1931, otro texto constitucional más de parte— y que asolaron su tramo final. Es imperativo reconocer, con rigor académico, las irregularidades en las elecciones de febrero de 1936 y en la constitución de las Cortes, las declaraciones abiertamente antidemocráticas de un Largo Caballero que llamaba a la dictadura del proletariado, o el caos social y la violencia política que convirtieron aquella primavera en un preludio de la tragedia, y que tuvo su expresión más delirante en el asesinato del líder de la oposición a manos de las fuerzas de orden público. Y pese a ello, hay que afirmar que la superioridad ética de la República no residía en una inexistente perfección institucional, sino en el hecho de ser el único marco legal que intentó, a pesar de sus derivas, articular un camino hacia la modernidad de España que le permitiera superar más de un siglo de atrasos y subdesarrollo. Reconocer sus sombras no es dar la razón al golpismo de la derecha, sino entender de una vez por todas que cuando las instituciones se vacían de diálogo y la palabra es sustituida por el maximalismo, el sistema colapsa. La República murió, en gran parte, porque los moderados de ambos bandos renunciaron a hablar entre ellos y permitieron que los extremos se apoderaran del debate y del espacio públicos, pudriéndolo todo y empujando al país hacia el abismo colectivo.

La izquierda ilustrada no debe tener ningún problema en hablar del terror en la retaguardia republicana —las sacas, las checas, la persecución religiosa y el asesinato de civiles por el mero hecho de su extracción social o ideológica—, que constituye un baldón que no admite paliativos. Aquello fue la consecuencia del colapso del Estado de Derecho, con un Gobierno sin capacidad de imponer el monopolio de la fuerza, secuestrada por partidos, sindicatos y milicias que impusieron una justicia sumaria y sanguinaria.  donde el Gobierno perdió el control de la fuerza en favor de milicias que impusieron una justicia sumaria y sanguinaria. Pero hablar de eso implica hablar de la diferencia sustancial entre el terror rojo y el terror azul: mientras que en el bando republicano el terror fue consecuencia, en gran medida, de la descomposición del Estado provocada por el golpe de Estado y la consiguiente revolución social, en el bando sublevado el terror fue una herramienta premeditada, estratégica, sistemática y planificada desde la cúpula militar sublevada para limpiar a España, un plan feroz que se mantuvo incluso después de la derrota del ejército republicano.

La izquierda ilustrada tiene que hablar de la República y de la guerra sin ignorar a las víctimas de Paracuellos, pero dejando claro que no se puede equiparar el horror de las retaguardias, porque eso conduce a una falsa simetría que termina anulando la política. Si decidimos que “todos fueron iguales", terminamos por validar la tesis de que la democracia era imposible en España y que solo la fuerza bruta podía ordenar la sociedad, bien en la revolución bien en el catolicismo conservador. Hablar de la República, desde el rigor histórico, es reconocer que el sistema republicano contenía en sus genes políticos la posibilidad de una enmienda democrática para superar sus deficiencias, mientras que el proyecto franquista se basaba explícitamente en la negación de la democracia y de la convivencia. La legitimidad de la República en lucha reside en la defensa constitucional de la arquitectura civil, que se mantiene incluso cuando sus habitantes lo han incendiado todo.

Volviendo a la polémica actual, el rechazo al diálogo de autores como Uclés parece nacer de un deseo de proteger esa "memoria de la pureza republicana". Al negarse a debatir con quienes señalan las deficiencias de la República o el terror de su retaguardia, se comete un error táctico y moral: se deja que la "verdad del horror" sea patrimonio exclusivo de la derecha. Si la izquierda no es capaz de decir: "Sí, hubo un terror republicano atroz y hubo una primavera del 36 caótica, y precisamente por eso sabemos que la democracia requiere instituciones fuertes y diálogos inquebrantables", entonces su discurso queda cojo. La legitimidad incontestable de la democracia  —de cualquier democracia frente a sus enemigos— se defiende mejor cuando se tiene el valor de reconocer las propias sombras del sistema político. La memoria histórica —que es memoria de bando, y por tanto parcial— necesita que nos creamos que el pasado fue un cuento de buenos y malos para sostener en el enfrentamiento y la polarización nuestra identidad presente. La Historia, en cambio, nos enseña que la convivencia y la democracia se mantienen siempre en un equilibrio precario que requiere que todos —absolutamente todos— acepten que el otro tiene derecho a existir, a hablar y a ser escuchado. Y a ser rebatido.