Falsos enemigos

La política del enfrentamiento y del relato tiene mucho de maniquea, ya que no admite posiciones intermedias y se nutre de la polarización, de la creación artificial de enemigos. En la mayoría de los casos estos enemigos son funcionales a un fin aunque no sean reales, bien porque no suponen una amenaza o bien porque se trata de amigos a los que se quiere beneficiar de forma encubierta. Es una forma de generar contenido público bastante útil, ya que sirve para ocultar las actuaciones y los objetivos inconfesables, por lo que es utilizada por partidos de muy distinto signo, desde la derecha (la nuestra se ha hecho una especialista en tres relatos históricos: "España se rompe", "ETA" y "la inmigración") hasta la izquierda.

La semana pasada tuvimos un ejemplo perfecto de cómo opera esta última. El Gobierno, autonombrado "el más progresista de la Democracia", aprobó una línea de 2.500 millones de euros en avales para que jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo puedan acceder a su primera vivienda. De entrada, el relato de esta medida se enfoca en que se pretende ayudar a una población que lo necesita y para paliar un problema real que sufre gran parte de ella: la incapacidad de los jóvenes para independizarse e iniciar un proyecto vital. Hasta ahí, perfecto; todo el mundo aplaude la oportunidad y sensibilidad de la medida.

Sin embargo, a poco que se rasca en la superficie, empiezan a aparecer las sombras. Se trata de una medida que se ha probado en otros países, en multitud de ocasiones, y que no suele funcionar, al menos para el objetivo anunciado, ya que no llega a quien realmente lo necesita.

Esta disposición, que ya le falló a Margaret Thatcher en Inglaterra, insiste en un modelo fracasado, basado en las "ayudas para comprar", que en lugar de mejorar el acceso a la vivienda terminan aumentando la especulación, el derroche de dinero público, la desinversión en vivienda pública y también tienden a subir los precios. Existen numerosos estudios que muestran que estas ayudas llegan básicamente a la gente que habría podido comprar una vivienda sin ella, una minoría, a costa de hacer la vivienda más cara para el resto, la mayoría, encareciendo así, aún más, el acceso a la vivienda en propiedad.

Los jóvenes y las familias con hijos que no pueden comprar un piso no tienen un problema de avales (ya se vio durante la crisis inmobiliaria cuando miles de padres tuvieron que afrontar el pago de las hipotecas de sus hijos) sino que su problema es que con sueldos de 1.200 euros no se puede ahorrar para la entrada de un piso con un precio desorbitado. Lo que se va a conseguir, con dinero público, es inflar artificialmente la demanda, es decir, que gente sin capacidad económica se encuentre ante el espejismo de que la tiene porque el Estado le avala. Pero la deuda contraída al firmar la hipoteca, con altos tipos de interés, no se reduce ni desaparece, sino que tendrá que ser afrontada por jóvenes precarios que se endeudarán perpetuamente. Ya conocemos cómo funciona esto.

Como ha pasado allí donde se ha aplicado, los precios subirán para la compra y también para el alquiler, al generar expectativas de mayor demanda, además de reactivarse el crédito hipotecario. Y aquí entramos en la consecuencia oculta de la medida. Es curioso que se trate de una medida que siempre ha sido aplicada, o propuesta, por la derecha y que suele beneficiar a la banca, a las grandes constructoras y a los promotores inmobiliarios. De hecho, forma parte del programa electoral del PP y es similar a medidas puestas en marcha por sus gobiernos autonómicos, como Galicia, Madrid o Andalucía, siendo incluso más ambiciosa que la ejecutada por Ayuso. Además, ha sido solicitada en numerosas ocasiones por la patronal bancaria y el propio Banco Santander, como vía para reactivar el mercado inmobiliario y el negocio hipotecario.

Podemos resumir con que la intervención del Estado en el mercado inmobiliario serviría sólo para incitar a los jóvenes a convertirse en propietarios, aunque no cuenten con una capacidad de ahorro que el ICO no cubrirá y que el banco va a solicitar. Por tanto, de lo que en realidad se trata aquí es de una ayuda a la banca, otra más, disfrazada de política social, al privatizar los beneficios (los beneficios de las hipotecas son para el banco) y socializar las pérdidas (el Estado asume el riesgo de impago). Se transfiere dinero público a manos privadas, permitiendo a la banca aumentar el número de hipotecas (en un momento en que su contratación está en mínimos históricos) y al sector inmobiliario construir muchas más viviendas, cada vez más caras, para que ambos aumenten sus beneficios, mientras se sobreendeuda a nuestros jóvenes.

El Estado podría hacer otra política pública de vivienda: podría promover la vivienda asequible y protegida, aumentar el presupuesto estatal de vivienda hasta que sea suficiente y prohibir las dinámicas especulativas en el mercado de compraventa y en el del suelo, que es donde está el problema. Pero en su lugar parece que opta por ayudar a quienes, por otro lado, ha ido señalando en su relato como su "enemigo", con el impuesto a la banca y otras medidas. ¿En qué quedamos? ¿Es éste el gobierno progresista que iba a meter en cintura a los bancos y a detener su inmoral aumento de beneficios? ¿O es uno más de los que les da ayudas (recordemos los más de 60 mil millones de euros que le dimos al sector financiero y los 50 mil al llamado banco malo) mientras la población sin capacidad económica vuelve a contraer deudas por el 100% del precio de la casa?

Está claro quién gana con la medida. Por tanto, no se trata de enemigos ni de un Gobierno que nos defiende, sino de un relato interesado. El sector bancario necesita que un mayor número de personas compren para poder sostener sus elevados beneficios. La concesión masiva de hipotecas, la construcción de vivienda en propiedad y el aumento sostenido de precios es una parte esencial de su negocio. Aunque hay otros en los que también cuenta con ayuda del Estado. Por ejemplo, en el año 2023 los bancos ganaron 7.860 millones de euros gracias a que sus depósitos en el Banco de España están remunerados al 4%. Sí, los mismos bancos que no remuneran los depósitos de sus clientes, reciben una enorme transferencia de dinero público. ¡Vaya forma más rara de combatir a un "enemigo"!

Al igual que en el conflicto del campo, vemos que el presupuesto público y sus desequilibrios sirven para alimentar el mercadeo en el que se ha convertido nuestro modelo económico, donde siempre gana la banca y los especuladores, grandes suministradores, constructores y clientes preferentes de todo tipo, los supuestos enemigos de nuestro Gobierno "progresista", a quienes va destinado el dinero de todos nosotros.

Y así se construyen los relatos políticos: creamos un falso enemigo, alguien al que realmente ayudamos y con quien colaboramos pero que tiene mala imagen social; reforzamos nuestra imagen pública haciendo creer que defendemos a quien realmente vamos a perjudicar; culpamos de nuestros males a nuestros enemigos, ocultando nuestra incapacidad; y construimos nuestra política en base a este falso enfrentamiento, lo que nos da apoyos y votos, permitiendo que los negocios reales se sigan desarrollando por debajo.